#Generalitat # Tajo-Segura | El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra y vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reafirman su posición sobre el trasvase Tajo-Segura. Tras la manifestación del pasado miércoles de los regantes y políticos valencianos, murcianos y andaluces contra la decisión del Gobierno de fijar una caudal ecológico que significaría una merma notable en el trasferencia de agua al sureste peninsular.
El decreto incluye el documento acordado en el Consejo Nacional de Agua, celebrado el pasado 29 de noviembre, motivo de discusión. Ximo Puig defendió este jueves que el Gobierno central cambió el acuerdo alcanzado en esa reunión respecto al Plan del Tajo, un hecho que calificó de “incontrovertible”. Explicó que Transición Ecológica acordó un documento con el que la Generalitat estaba “claramente de acuerdo”. La propuesta señalaba que el caudal se actualizaría en 2025 “en función de cómo esté el río en ese momento”. El plan definitivo del ministerio contempla que el caudal ecológico del río a su paso por Aranjuez (Madrid) suba de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027.
“Nadie está más interesado que nosotros en que el río Tajo esté en las mejores condiciones. Por eso nos parece muy bien todo el plan de inversiones que va a hacer el Ministerio y que va a afectar directamente a la parte alta del Tajo. Que en 2025 se actualice en función de cómo esté el estado del agua es una cuestión de una racionalidad bastante difícil de discutir”, añadió.
Sin embargo, lamentó que, posteriormente, haya habido un cambio en ese documento que el Gobierno remitió al Consejo de Estado, órgano al que la Generalitat y otras autonomías han presentado alegaciones, algunas de la cuales inciden, precisamente, en ese cambio unilateral. En el texto remitido al Consejo de Estado no se incluye la disposición adicional novena pactada en el Consejo del Agua que contempla ese mecanismo de revisión según las masas de agua. “Tiene su derecho a cambiar, pero nosotros también tenemos nuestro derecho a discrepar”, aseveró el presidente valenciano, en declaraciones a periodistas en Orihuela (Alicante), una de las localidades alicantinas más afectadas por el recorte del trasvase Tajo-Segura. El representante de la Generalitat no votó en contra, sino que se abstuvo en la votación por el acuerdo de incluir esa disposición.
Por último, Puig pidió un punto “de encuentro” para buscar soluciones y garantizar “el agua para siempre”. “Tenemos la razón de nuestra parte, porque el agua trasvasada ha generado riqueza y somos conscientes de sumar otras fuentes, pero de manera acomodada, desde la racionalidad y sin intentar guerras de agua”, concluyó.
La consejera de Agricultura, Isaura Navarro, asegura que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, le reconoció en una reunión que mantuvo el pasado miércoles con él, tras la manifestación, que se había modificado el documento pactado. Fuentes presentes en la reunión apuntan a que el ministerio se plegó a las presiones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
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