La reciente elección de jueces en México ha sumido al sistema judicial del país en una profunda incertidumbre. Con una participación ciudadana sorprendentemente baja, que oscilló entre el 12% y el 13%, se llevó a cabo un proceso inédito en el que los ciudadanos eligieron a 2,680 funcionarios judiciales, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces de primera instancia.
El abstencionismo ha despertado alarmas sobre la legitimidad de esta elección, especialmente en un contexto donde han surgido preocupaciones serias acerca de la independencia del poder judicial y su conexión con el crimen organizado. Entre los candidatos se encontró a Silvia Delgado, quien en su pasado asesoró a Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que ha avivado sospechas sobre la influencia de figuras políticas y criminales en el ámbito judicial.
Esta situación no solo afecta la confianza del público en el sistema, sino que también podría complicar la ya delicada relación económica entre México y Estados Unidos. Según la consultora Capital Economics, las elecciones judiciales podrían tener un impacto negativo en las negociaciones relacionadas con el acuerdo comercial T-MEC, especialmente en un momento en que la administración estadounidense, liderada por Donald Trump, ejerce presiones arancelarias sobre México y Canadá.
Las elecciones han sido diseñadas sin un porcentaje mínimo de participación requerido para su validez, lo que según algunos críticos debilita la afirmación del gobierno de que los ciudadanos deseaban escoger a sus jueces. “Aunque la elección sea válida en lo jurídico, será complicado defenderla desde un punto de vista político y ético”, señaló Juan Jesús Garza, experto de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El proceso electoral estuvo marcado por la confusión, con una extensa variedad de boletas y candidatos. Muchos votantes se sintieron perdidos, con algunos eligiendo a sus favoritos basándose en redes sociales como TikTok o decisiones intuitivas. Este bajo nivel de conocimiento sobre los candidatos ha añadido más incertidumbre a un sistema ya de por sí complicado.
A medida que se aguarda la confirmación oficial de los nuevos miembros de la Suprema Corte, se prevé que muchos de los actuales funcionarios judiciales que participaron en los comicios conserven sus puestos. Según expertos, las reformas a la justicia en México no abordan los problemas fundamentales del sistema en un país donde la violencia y el narcotráfico han dejado a su paso más de 30,000 homicidios anuales y alrededor de 120,000 desaparecidos.
Por otro lado, un grupo de analistas y activistas ha expresado su preocupación por la idoneidad de algunos candidatos, advirtiendo sobre la existencia de “candidatos riesgosos”. La abogada Delgado, por ejemplo, ha defendido que su relación con Guzmán fue puramente profesional, mientras que otros, como Fernando Escamilla, han estado vinculados a criminales notoriamente violentos.
La realidad es que la elección de jueces tiene profundas repercusiones que se extienden más allá del ámbito judicial; toca las fibras sensibles de la política, la economía y la seguridad del país. El futuro del sistema de justicia en México, contemplado por muchos como una oportunidad de renovación, podría estar en juego mientras el país navega por un período de incertidumbre y especulación.
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