Después de más de cuatro años de obras, Israel acaba de completar la construcción de una barrera subterránea a lo largo de 65 kilómetros de la frontera de la franja de Gaza. Este muro invisible, que ha costado unos mil millones de euros y cuenta con sensores y radares para detectar la infiltración de milicias islamistas a través de túneles, intensifica la sensación de bloqueo a la que viven sometidos dos millones de palestinos en el enclave costero desde hace cerca de 15 años. En respuesta al aislamiento, reforzado cíclicamente por Egipto en la frontera del sur, decenas de miles jóvenes gazatíes secundaron entre 2018 y 2019 las protestas semanales de la llamada Gran Marcha del Retorno, en las que murieron más de 200 palestinos y otros 8.000 resultaron heridos por disparos de los francotiradores del Ejército israelí. Más de 150 sufrieron amputaciones.
Monser Nader Abali, de 27 años, dejó de estudiar Economía en la Universidad Islámica de Gaza el 13 de abril de 2018, cuando las balas israelíes le destrozaron la pierna derecha, poco después del inicio de las protestas en la frontera. Desde entonces también ha perdido el interés por la vida. “Me acerqué demasiado a la verja, a unos 20 metros, por simple curiosidad, junto a muchos otros manifestantes”, recuerda en el campo de refugiados de Shati, convertido en barriada marítima de la capital del enclave. Ahora lleva una prótesis que apenas le permite caminar y subir las escaleras de su casa.
El Gobierno palestino
Le ha asignado una pensión de invalidez de 1.300 shéqueles (370 euros) al mes, el doble del alquiler del apartamento en el que vive con su esposa, después de haber pasado un año en una silla de ruedas y otro año más con muletas. “Espero que mi caso llegue algún día a La Haya para que los culpables sean castigados, pero no confío en que Israel asuma su responsabilidad”, se resigna. “Pregunté en el hospital cuánto costaría una pierna artificial moderna para poder volver a hacer mi vida de antes”, confiesa. “Es mejor no saberlo”, dice que le respondieron.
El Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés), una ONG con sede en Gaza y financiada por donaciones internacionales, ha presentado este mes una investigación conjunta con la organización pacifista Israelí B’Tselem en la que se responsabiliza a la justicia militar de “encubrir” los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas durante la Gran Marcha del Retorno.
“Trabajamos entre tres fuegos: el de la ocupación y el bloqueo de Israel; el de la Autoridad Palestina, en Cisjordania, y el del movimiento islamista Hamás en Gaza”, describe Rayi Surani, director desde hace tres décadas del PCHR, la dificultad del trabajo de una organización independiente. “Nuestros investigadores y abogados están sobre el terreno, y donde se presenta un caso con indicios de constituir un crimen de guerra recopilamos todos los datos”, precisa Surani en su despacho en la capital gazatí la misión de identificar testigos y documentar pruebas para ponerlas a disposición de la justicia internacional.
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI)
Con sede en La Haya, abrió en marzo una investigación por crímenes de guerra en Palestina dirigida tanto contra Israel como contra las milicias islamistas en Gaza. Israel no es país signatario del Estatuto de Roma, el tratado por el que nació en 2002 el TPI. Pero Palestina lo ratificó en 2015 y reconoció la jurisdicción del tribunal sobre su territorio. Palestina fue admitida como “Estado observador no miembro” por la Asamblea General de la ONU en 2012.
La versión oficial del Ejército israelí no ha variado en los últimos tres años, según han reiterado los portavoces castrenses. Las tropas respondieron de forma proporcionada para “neutralizar el peligro” que suponía la ola de violentos disturbios masivos –y “acciones terroristas”– organizados por Hamás con el objetivo de lanzar ataques al otro lado de la frontera. Los comandantes dieron la orden de abrir fuego “en defensa propia”, sostiene Israel.
Por encima de todo, el Gobierno israelí teme que la investigación penal internacional pueda desembocar en imputaciones contra responsables militares y civiles, como sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en territorios palestinos. En consecuencia, pueden ser arrestados en el extranjero en virtud de órdenes de detención dictadas por el TPI.
La actuación de la Haya
“Los jueces de La Haya, sin embargo, actúan bajo el principio de complementariedad. Si un Estado efectúa una investigación completa y ofrece reparación a las víctimas, la justicia internacional se abstiene de intervenir”, puntualiza Surani. “Pero si no hay una respuesta legal o se prueba que la jurisdicción israelí ha encubierto la investigación, entonces sí es posible acudir al TPI. Investigadores israelíes y palestinos hemos presentado hechos, nombres y todo tipo de evidencias que el sistema legal israelí ha ocultado en su investigación”, asegura el director del Centro Palestino de Derechos Humanos.
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