El consumo de sustancias psicoactivas en México ha mostrado un aumento significativo, reflejando así la creciente necesidad de atención en el ámbito de las adicciones. En 2024, se reportó que más de 172,000 personas solicitaron tratamiento a través de la Red Nacional de Atención a las Adicciones, un dato alarmante que resalta la falta de herramientas efectivas para abordar esta crisis.
Las estadísticas indican que el 49.1% de los casos se relacionaron con metanfetaminas, mientras que el alcohol ocupó el segundo lugar con un 21.8%, seguido por la marihuana (13.3%) y la cocaína (6.8%). Esta distribución pone de manifiesto el creciente impacto de los estimulantes sintéticos en la salud pública del país.
Especialistas en salud pública y organizaciones civiles han realizado un llamado urgente para un cambio en la estrategia nacional de combate a las adicciones. Sostienen que es crucial dejar atrás el enfoque prohibicionista y adoptar un modelo centrado en la reducción de daños. Según estos expertos, la actual política que prioriza la criminalización ha demostrado ser ineficaz, fomentando en cambio un incremento de riesgos al empujar a los consumidores hacia mercados ilegales y dificultar su acceso a una atención médica segura.
El Dr. Randall Rodríguez, representante de la Red Centroamericana y del Caribe para la Reducción de Riesgos y Daños Sanitarios (REDACCA), enfatiza que “la reducción de daños no busca eliminar el riesgo por completo, sino minimizar sus consecuencias de manera efectiva”. Este enfoque, lejos de ser moralista, se fundamenta en la realidad social y en la evidencia científica existente.
Durante un reciente foro, organizado por el Centro de Libertad Responsable (CE LIBRE) y la Clínica Especializada Condesa, se destacó que diversos países han optado por regular herramientas de menor daño, como los dispositivos electrónicos de nicotina, cuya efectividad ha superado los resultados de la mera prohibición. Manuel Arellano, subdirector de Atención Comunitaria de la Clínica Especializada Condesa, argumentó que “la prohibición retrasa la disminución del consumo” y advirtió que, en lugar de acercar a las personas a los servicios de salud, las aleja por el temor a ser juzgadas.
Los especialistas concordaron en que las políticas de salud pública deben ser informadas por la evidencia científica y construidas a largo plazo con la colaboración activa de las comunidades afectadas. Además, subrayaron que la prohibición no previene el consumo; por el contrario, la educación, regulación y acompañamiento son fundamentales para salvar vidas.
Esta información, que corresponde a la fecha de publicación original del 6 de agosto de 2025, continúa siendo relevante en la actualidad y subraya la urgencia de repensar la manera en que se aborda el consumo de sustancias en el país.
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