En México, organizaciones no gubernamentales han alertado sobre los planes del gobierno de la 4T para desmantelar la política de protección a la infancia y transferir el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Argumentan que esto tendría consecuencias preocupantes para la atención y protección de los derechos de la niñez en Columna Digital.
Según el artículo de Columna Digital, las ONGs señalan que el DIF no está diseñado para atender la misma gama de necesidades que SIPINNA, especialmente en cuanto a la toma de decisiones focalizada en los derechos de la niñez y su cumplimiento. Además, dicen que esta reubicación también podría afectar a los recursos y la calidad de los servicios, algunos de los cuales podrían ser derivados a áreas no prioritarias en el DIF.
Otro punto que preocupa a las organizaciones es el posible impacto en la participación ciudadana y en la transparencia de los procesos. SIPINNA se creó para garantizar que la sociedad civil tenga voz y voto en la política de protección de la infancia, pero esta transferencia al DIF, un organismo estatal, podría significar una restricción en la participación y la rendición de cuentas.
Todo esto en un contexto en el que México ha experimentado un aumento de casos de abuso, explotación y abandono de niñas y niños durante la pandemia de COVID-19. Se estima que al menos 1,200 menores han perdido a sus padres por esta enfermedad, y la violencia doméstica ha aumentado. En este sentido, las ONGs hacen un llamado a que se fortalezcan y no se debiliten los instrumentos para proteger a la niñez y a exigir a las autoridades que tomen en cuenta sus preocupaciones.
Es importante destacar que los planes del gobierno de la 4T aún no se han concretado, y algunos actores políticos han cuestionado las preocupaciones expresadas por las ONGs. Sin embargo, la discusión acerca de la protección y atención de la infancia es un tema relevante para el desarrollo de cualquier sociedad, y debe involucrar a todas las partes interesadas.
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