El 17 de septiembre de 2026, se llevó a cabo un operativo en una terminal ubicada en La Fragua, San José Iturbide, Guanajuato, donde se aseguraron más de 59 millones de litros de combustible. Este impresionante decomiso incluyó 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.3 millones de litros de gasolina premium y 18.3 millones de litros de diésel. Asimismo, fueron confiscados diez tanques, siete vehículos y una serie de documentos que llamaron la atención de las autoridades.
El gobierno de Guanajuato describió esta acción como un importante golpe contra el comercio ilegal de hidrocarburos. Sin embargo, la administración federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó que el motivo del aseguramiento fue la falta de acreditación del origen del combustible. Hasta la fecha, no se ha determinado si algún litro de esta cantidad es efectivamente ilegal.
Este hecho generó diversas reacciones en los medios de comunicación, algunos de los cuales, incitados por la magnitud del hallazgo, calificados como “decomiso histórico”, dieron por sentado que los líquidos decomisados eran huachicol, es decir, combustible robado. Ante esta situación, la FGR hizo hincapié en que si bien el combustible fue asegurado, eso no equivale a afirmar que todo sea de procedencia ilícita.
En días siguientes, los mismos medios tuvieron que ajustar sus narrativas cuando surgieron nuevos datos. La importancia de investigar y asegurar el combustible mientras se verificaba su procedencia resultaba evidente, pero era cuestionable presentar como un hecho probado lo que estaba aún bajo indagación. La FGR aclaró que no todas las compañías involucradas habían presentado la documentación necesaria para demostrar la legalidad del origen y manejo del combustible. La fiscal Ernestina Godoy dio instrucciones para que el caso fuera atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Es vital señalar que la terminal en cuestión no es clandestina; es operada por Gas Natural del Noroeste, una empresa del Grupo SIMSA con sede en Torreón, que cuenta con un permiso federal desde 2016 para almacenar petrolíferos por un periodo de 30 años. Sin embargo, esto no garantiza que todo el combustible en sus instalaciones sea legal. Aún persisten interrogantes sobre la titularidad del terreno y de los tanques, así como versiones contradictorias que sugieren una posible propiedad de Pemex.
La atención se centra en determinar de quién son los 59 millones de litros. SIMSA ha declarado que no son de su propiedad, y que la empresa se dedica a almacenar combustible de terceros. Para clarificar esta situación, es fundamental la existencia de contratos, facturas y pedimentos aduanales que permitan rastrear desde la compra hasta la llegada de este combustible a La Fragua. Dichos documentos serán cruciales para reconstruir las rutas comerciales y fiscales pertinentes.
La investigación inicial data del 3 de julio, cuando un chofer fue detenido en San Luis de la Paz mientras descargaba 33,000 litros de diésel sin poder certificar su procedencia. Las indagaciones posteriores motivaron otros cateos y finalmente llevaron hasta la terminal de La Fragua. Si bien esto generó la sospecha de que las 59 millones de litros pudieran tener un origen similar, todavía no se ha probado tal hecho.
La FEMDO tiene la responsabilidad de determinar si hay indicios de combustible robado, contrabando o algún otro delito. Aunque los 59 millones de litros justifican una pesquisa de este nivel, es prematuro anticipar los resultados de la misma. Las preguntas que deben ser respondidas de manera definitiva son: ¿a quién pertenecen realmente la terminal, los tanques y el combustible? ¿Cómo llegaron a acumularse esos 59 millones de litros en este lugar y qué parte de ellos, si alguna, es ilegal?
La investigación avanza, pero la claridad sobre este caso sigue siendo un desafío esencial para las autoridades.
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