La detención del presunto responsable de la muerte de Claudia Tacoronte Aguilera es, sin duda, una buena noticia dentro de una tragedia que jamás debió ocurrir. La joven española, estudiante de intercambio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue asesinada en Cuautla y, apenas cinco días después, las autoridades lograron localizar y detener a Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”. Ahora corresponderá a un juez determinar su responsabilidad y aplicar, en su caso, todo el peso de la ley.
Hay que reconocer lo que se hizo bien. Las corporaciones trabajaron con rapidez; se revisaron videos, se siguieron testimonios y se difundió el rostro del sospechoso. También fue importante el trabajo periodístico para conseguir y dar a conocer su imagen. La participación de vecinos y comerciantes permitió ubicarlo. Cuando sociedad, prensa y autoridades colaboran, los resultados pueden llegar pronto.
Indigna saber que el detenido ya tenía antecedentes por robo y había pasado por prisión, porque otra vez aparece “la puerta giratoria” de nuestro sistema de justicia, y una persona que ya había delinquido regresó a las calles para, presuntamente, cometer un crimen mucho más grave. No basta detener después de una tragedia; es indispensable investigar cómo operaron las instituciones antes de ella, por qué fallaron los mecanismos de prevención y bajo qué condiciones un reincidente recuperó su libertad.
Pero el reconocimiento a la actuación de las autoridades no debe impedirnos formular la pregunta que miles de familias morelenses tienen derecho a hacer: ¿por qué esa misma rapidez no se observa en todos los casos?
Claudia era española y su asesinato se convirtió, desde las primeras horas, en un asunto internacional. Intervinieron representantes diplomáticos, hubo pronunciamientos del gobierno de España, el caso llegó al gobierno federal y las universidades españolas reaccionaron. La presión fue enorme y, ante ella, todas las instituciones se movilizaron. Qué bueno que lo hicieron. Lo lamentable es que, sin esa clase de presión, los resultados acostumbran tardar meses o nunca llegar.
Las mujeres mexicanas merecen exactamente la misma atención. Sus familias no deberían bloquear una carretera, marchar durante semanas, pegar fichas de búsqueda o suplicar ante una fiscalía para conseguir que alguien abra una carpeta y realice las diligencias indispensables. La vida de una mexicana vale lo mismo que la de una extranjera. La nacionalidad de la víctima jamás debe determinar la velocidad de la justicia.
Este caso demostró que el Estado sí puede reaccionar con coordinación, inteligencia y eficacia. Por eso, a partir de ahora, las autoridades ya no podrán argumentar tan fácilmente de falta de recursos o de complejidad de las investigaciones. Si pudieron actuar en cinco días, cuando los ojos de España estaban puestos sobre Morelos, deben ser capaces de mostrar la misma voluntad si la víctima es una joven de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco o cualquier comunidad del estado.
En medio de esta tragedia, el Congreso de Morelos protagonizó un episodio políticamente absurdo. La diputada Andrea Gordillo propuso modificar el orden del día para presentar un punto de acuerdo que exigiera acciones de seguridad, prevención y protección para la comunidad estudiantil, además de rendición de cuentas. La mayoría del Pleno rechazó la modificación por diez votos contra siete. No se estaba votando una reforma presupuestal ni una iniciativa que dividiera ideológicamente a los partidos. Se pedía discutir una tragedia que había conmocionado a Morelos y trascendido las fronteras del país. Lo sensato era construir una posición unánime en el Congreso. Esa unidad no habría perjudicado a la gobernadora Margarita González Saravia; por el contrario, habría fortalecido la imagen de un Estado capaz de cerrar filas frente a la violencia feminicida.
Quienes aconsejaron a la bancada mayoritaria impedir esa discusión le hicieron un pésimo favor al gobierno. Confundieron la defensa política con el silencio y creyeron que permitir un exhorto equivalía a aceptar una derrota. Es exactamente al revés. Un gobierno se fortalece cuando reconoce los problemas, escucha las críticas y convoca a todas las fuerzas a buscar soluciones. Se debilita cuando sus operadores responden con cerrazón, disciplina ciega y cálculos partidistas. La gobernadora no necesita funcionarios que conviertan cada señalamiento en una batalla, ni diputados que levanten la mano sin medir las consecuencias. Necesita colaboradores con oficio político, capaces de distinguir entre un ataque partidista y una oportunidad para demostrar sensibilidad. En este asunto, la unidad del Congreso era conveniente para la víctima, para las estudiantes, para Morelos y para el propio gobierno.
Que se haya detenido al presunto asesino de Claudia debe satisfacernos, pero no conformarnos. Falta el proceso judicial, una sentencia fundada y la reparación posible para su familia. También falta transformar esta respuesta extraordinaria en una regla permanente. La mejor manera de honrar a Claudia no es presumir de una captura, sino garantizar que ninguna mujer, mexicana o extranjera, sea tratada como una víctima de segunda categoría.
Justicia para Claudia, sí; pero con la misma rapidez, la misma coordinación y la misma determinación. Justicia para todas. ¿No cree usted?


