La norma que el mercado ansía para que puedan prestarse servicios de criptoactivos con respaldo legal sigue cocinándose en la UE. Tras pasar por el Consejo, que representa a los 27 Gobiernos, se ha retrasado la entrada en vigor efectiva del texto hasta bien entrado 2024.
El último borrador del reglamento MiCA (siglas de markets in crypto-assets) dilata la aplicación para la mayor parte de las criptodivisas, entre ellas, el bitcóin y el resto de las monedas digitales, uno de los temas más urgentes, al menos para los supervisores financieros españoles. El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han lanzado su propia cruzada contra estos activos dada la avidez inversora que han despertado debido a las espectaculares revalorizaciones acumuladas en los últimos tiempos. El bitcóin ha pasado de pagarse a 800 dólares a finales de 2016 a marcar un récord en cerca de los 68.000 dólares el pasado mes de noviembre. Se ha disparado en cinco años un 8.500%.
Los nuevos plazos anticipan que, para estos activos de alta volatilidad y fuerte componente especulativo, la regulación será de aplicación en el primer semestre de 2024, previsiblemente en mayo o junio. Fuentes consultadas de la industria avisan de que España se quedará atrás, a menos que se tomen medidas de manera inmediata. Entre otros países, Alemania, Francia y Luxemburgo ya están actuando para contar con un marco regulatorio para que se desarrollen. En Portugal han optado por facilitar, además, una fiscalidad atractiva para convertirse en un imán de la industria cripto.
Normativa nacional
“En España tenemos que hacer lo mismo, no podemos esperar esta vez a la publicación de la normativa europea, pues los propios borradores de regulación de criptoactivos contemplan y promueven […] los avances nacionales sin esperar a la regulación general en los Estados miembros”, advierte Gloria Hernández Aler, socia de la firma de asesoramiento regulatorio finReg 360º.
Así, el proyecto de reglamento europeo prevé un procedimiento simplificado para reconocer a los proveedores autorizados según la normativa propia de los distintos países. Es decir, se fomenta que se promulgue regulación nacional. Es más, los proveedores de criptoactivos que cuenten con una autorización nacional podrán seguir prestando los servicios incluso después de la entrada en vigor de MiCA. Los supervisores financieros, como la CNMV y el Banco de España, invocan la regulación comunitaria, pero cada Estado tiene capacidad de posicionarse para contar con ventaja.
El primer borrador de la norma, fechado en septiembre del año pasado y elaborado por la Comisión Europea, preveía un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor para su aplicación efectiva.
La última versión ha modificado las fechas. Por un lado, adelanta seis meses la utilización de la norma para las divisas virtuales ligadas a activos (stablecoins) y para los criptoactivos referenciados al valor de una moneda de curso legal (e-money tokens, en el argot). Por el otro, retrasa hasta los 24 meses la aplicación de la regulación a todo el resto de actividades, incluidos el bitcóin y otras criptomonedas, desde que el documento esté definitivamente aprobado.
Las fuentes jurídicas consultadas prevén que el texto reciba todos los parabienes de las distintas instituciones en el primer semestre del próximo año. Lo más probable es que, como suele ocurrir en el club de los Veintisiete, la luz verde se deje para el último momento, hasta mayo o junio, de manera que la aplicación efectiva del reglamento, dos años después, se retrasará hasta ese mismo mes en que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero de 2024.
Cierto es que los reglamentos europeos son de aplicación directa –no tienen por qué adaptarse a la normativa nacional, a diferencia de las directivas–, pero suele haber un plazo de transición hasta que son obligatorios. Ahora, los diferentes Gobiernos le han dado una patada hacia adelante a la regulación.
La cara B sobre las ‘stablecoins’
Aceleración. El último borrador de MiCA retrasa la regulación de las criptomonedas en general, pero acelera la de las referenciadas a activos (stablecoins) y las de las fichas de dinero electrónico o e-money tokens. Gloria Hernández Aler, socia de finReg 360º, explica que esta parte preocupa en especial a los supervisores. “El origen de esta preocupación fue el proyecto de Facebook de lanzar su propia stablecoin, llamada en un principio Libra y después Dien. El proyecto se ha transformado en un monedero de pago, denominado Novi, que utiliza una stablecoin ya existente, Paxos, referenciada al dólar”, añade.
El peligro de los gigantes tecnológicos. La experta señala que una stablecoin promovida por un gigante tecnológico (propia o de terceros) puede suponer un riesgo para la estabilidad financiera. Así, los plazos se acortan a un año para estos activos; la regulación será aplicable desde 2023.
Riesgo. “La carencia de regulación en España nos coloca en una posición de desventaja, hace que los emisores y proveedores busquen otras jurisdicciones y nos expone a perder otra oportunidad”, asegura Hernández Aler.
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