El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado este viernes enviar a juicio a la consejera Natàlia Garriga, por desobediencia, y a los ex altos cargos del Govern Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, en su caso también por prevaricación, malversación y revelación de secretos, por los preparativos del referéndum del 1 de octubre. Así lo ha acordado en un auto la sala civil y penal del alto tribunal catalán, tras desestimar los recursos de los acusados y confirmar las resoluciones en que se dio por finalizada la instrucción del caso y se les procesaba por su participación en los preparativos del referéndum unilateral del 1-O de 2017, cuando ejercían como altos cargos de la consejería de Vicepresidencia y Economía liderada por Oriol Junqueras.
Los tres afectados han criticado la “persecución” del Estado. “Por mucho que el Estado siga con esta persecución, nunca dejaremos de trabajar por un país completo y libre”, ha subrayado Garriga en un apuntaen las redes sociales. Para Jové, la “represión” da un paso más, y añade que trabajar por una Cataluña libre y socialmente justa es una causa noble y un derecho, algo por lo que seguirá luchando para que sea una realidad.
“Seis años de persecución judicial y de las cloacas. ¡30 años de militancia independentista, más convencido que nunca!”, ha destacado Salvadó también en su cuenta de Twitter. Garriga está procesada por un presunto delito de desobediencia grave, mientras que a Jové y Salvadó también se les atribuyen los presuntos delitos de prevaricación y malversación. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su apoyo a los tres en la misma red social: “Todo el apoyo y mucha fuerza, consellera Natàlia Garriga, Josep MariaJové y Lluís Salvadó. Trabajar por la libertad de nuestro país no es ningún delito”, ha afirmado.
La investigación a Jové y Salvadó se hizo separada de la de Garriga -ella fue investigada en un juzgado ordinario en una causa contra 29 excargos del Govern- pero cuando ella asumió el cargo de consejera y pasó a ser aforada al TSJC las causas se acumularon, y este proceso ha retrasado el procedimiento contra los primeros, para quienes en mayo de 2021 ya se dictó el acto de conclusión del sumario.
Garriga está investigada por supuestamente intervenir en el acondicionamiento de una nave anexa a las instalaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para utilizarlo como un espacio para el 1-O. Cuando declaró como investigada, la consejera alegó que la nave se utilizó en otras ocasiones, como en las elecciones de diciembre de 2017 del Parlament y para los rastreadores de Covid-19 durante la pandemia, y recordó que en ningún momento fue requerida por el Tribunal Constitucional
Jové fue uno de los miembros de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern, y la instrucción recoge que presuntamente obtuvo datos personales de los catalanes de forma irregular a través de un convenio con el Idescat firmado el 28 de febrero de 2017, supuestamente con el objetivo de elaborar un censo para el 1-O.
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El convenio tenía la duración de un año y no se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) ni en la página oficial del Idescat en el que aparecen los convenios vigentes y no vigentes firmados por el organismo, “por lo que los particulares interesados no podían conocer que sus datos personales habían sido cedidos ni oponerse a tal cesión, ni tampoco ser impugnado”.
Con estos datos presuntamente también se confeccionaron las cartas dirigidas a las personas nombradas como miembros de las mesas electorales del 1-O, que fueron intervenidas parcialmente por la policía en el registro de Unipost.
La investigación también considera que Jové supuestamente desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional (TC) contra la organización de la consulta, e intervino “activamente en la búsqueda de los locales donde debía llevarse a cabo el referéndum”, era conocedor de la fecha de publicación del decreto de convocatoria, y tenía en su ordenador archivos como ‘modelo de papeleta’, ‘actas de constitución de mesa’ y ‘lista numerada de votantes’ que coincidían con los nombres del material electoral hallado en la nave de Bigues i Riells (Barcelona).
Entre los indicios contra Jové y Salvadó, la instructora detalla que hicieron presentaciones ante otros Estados y organismos para obtener financiación, y también que se dotó a la Agencia Tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar y gestionar y ejecutar impuestos para los que “no se tenían competencias” como IRPF, IVA, el impuesto de Sociedades y otros especiales.
La instructora también cree que Salvadó ideó un programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público de la Generalitat al Estado, para “controlar y contar con la máxima información posible sobre sujetos tributarios y sobre las cuotas satisfechas de los impuestos estatales no cedidos”.
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