Pedro Castillo, el ahora expresidente de Perú, intento disolver ilegalmente el Congreso y fue destituido, permanecía el jueves en una gigantesca sede policial que tiene en su interior una cárcel donde también está preso el exmandatario Alberto Fujimori, quien cerró el Parlamento en 1992.
La justicia dictó siete días de detención preventiva para castillo por riesgo de fuga debido a que se dispuso a buscar refugio en la Embajada de México y habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos. Pero su escolta lo traicionó en el camino y lo entregó a la policía.
En su primer día preso, el expresidente siguió la audiencia judicial por videoconferencia. No estaba solo. A su lado permaneció Aníbal Torres, su cuarto primer ministro -llegó a tener cinco en año y medio de mandato-. Él será quien lleve su defensa. Se espera que se agarre al argumento de que la disolución del Congreso no se llegó a consumar, con lo que la pena sería de un máximo de diez años. A Castillo se le veía cara de cansado, con la misma chaqueta azul que vestía el día anterior. Torres también se llevaba la mano a la boca para ahogar algún bostezo. La noche debió de ser larga.
El camino que tiene por delante se lo podría ir avanzando su ahora compañero de presidio Fujimori, si es que llegan a cruzarse por alguno de los pasillos. El autócrata fue acusado en 2003 junto a una decena de exministros de rebelión por el autogolpe. Pero ese no es el único delito al que se enfrenta Castillo. El Poder Judicial también lo investiga por conspiración, para lo que la Fiscalía tendrá que demostrar que estuvo coludido con dos o más personas. De confirmarse, se hablaría entonces de una organización criminal.
Más allá del intento de golpe de Estado, al profesor se le acumulan otros casos de corrupción. La fiscal de la Nación lo acusó de liderar una presunta mafia dentro del Gobierno y de tráfico de influencias. La Procuraduría General del Estado también lo denunció por los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Casos a los que se enfrentará ya sin la inmunidad presidencial.
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