El presidente Gustavo Petro, a través de Twitter, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del hoy destituido presidente Pedro Castillo, argumentando que se “ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido”.
“Solicito a la @CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”, escribió Petro.
No obstante, el sistema interamericano de justicia no está en la misma sintonía: la CIDH había cuestionado antes el frustrado intento de Castillo de disolver el Congreso para mantenerse en el poder. Y había reconocido “la respuesta democrática” de las instituciones peruanas. En ningún momento expresó preocupación por los derechos potencialmente violados del expresidente.
Petro conoce bien el sistema interamericano de justicia, encargado de promover el respeto de los derechos humanos por los países que integran la OEA. Recurrió a él en 2013 cuando la Procuraduría lo destituyó como alcalde de Bogotá por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo. La Corte IDH le dio la razón en 2020: declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la entidad implicada para destituir funcionarios electos por voto popular.
El presidente presenta similitudes entre su caso, el de Castillo y los de otros líderes latinoamericanos. “Por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día”, declaró en redes sociales. El Legislativo peruano, según Petro, vulneró los derechos a “a elegir y ser elegido” y a tener un tribunal independiente. Y avanzó por una senda que revivieron los “golpes parlamentarios” que destituyeron al expresidente hondureño Manuel Zelaya en 2009 y al paraguayo Fernando Lugo en 2012. “Es el camino de la eliminación del contrincante, irrespetando las decisiones populares en las urnas. Ese es el camino que acabó con [Salvador] Allende y sumió las Américas en la dictadura”, agregó antes de señalar que Castillo “se equivocó” al disolver el Congreso.
Además, las decisiones de Castillo fueron consideradas como un golpe de Estado por toda la institucionalidad peruana: la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía. También por entidades internacionales, como la CIDH que las condenó como “contrarias al orden constitucional”. “La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”, se lee en su comunicado. En ninguna parte expresa preocupación por los derechos del exmandatario y ha preferido no pronunciarse sobre el mensaje de Petro, tras ser consultada por este periódico.
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