Con el fin del estado de alarma, en la medianoche del sábado al domingo, las comunidades serán las responsables de imponer las restricciones en sus territorios. Hay tres medidas hasta ahora en vigor que restringen derechos fundamentales y que, para continuar aplicándose en alguna autonomía, deben ser avaladas por la justicia: límites en las reuniones sociales, toque de queda y cierres de comunidades, provincias o municipios. Algunos Gobiernos autonómicos ya han anunciado que esas restricciones dejarán de estar en vigor cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo, mientras que otras han pedido a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) respectivos que se mantengan una o varias de estas medidas. En el mapa se puede ver en qué situación queda cada comunidad autónoma, a falta de que llegue el aval por parte de la justicia.
Ninguna comunidad mantendrá el cierre de todo su territorio. La única que lo ha solicitado ha sido Vasco y los tribunales no lo han aceptado. Lo que sí han pedido siete gobiernos (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia) es poder imponerlos en municipios o zonas de mucho riesgo. La mayoría han eliminado el toque de queda, excepto cuatro regiones: Canarias, Navarra y Valencia Baleares. En estas dos últimas la justicia ya ha dado el visto bueno; las otras dos están pendientes del dictamen. En otras dos (Galicia y La Rioja) se impondrá en localidades con riesgo muy alto.
Por el momento, los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares, Madrid y de la Comunidad Valenciana han sido los únicos que han dado luz verde a las limitaciones planteadas por los gobiernos autonómicos. El resto están a la espera.
Estas son las medidas que han aprobado las comunidades o que tienen previsto estudiar con el fin del estado de alarma:
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