El Gobierno admite que en los primeros meses de la crisis sanitaria tuvo que tomar decisiones con “información parcial o poco actualizada” sobre el alcance real de la pandemia, ya que el sistema de vigilancia epidemiológica español no estaba preparado para procesar tal volumen de datos con la rapidez requerida “para la correcta toma de decisiones”. Aunque el último Informe Anual de Seguridad Nacional no detalla a qué decisiones se refiere, las más polémicas entonces fueron permitir las marchas del 8M de 2020, no imponer el uso de las mascarillas o no declarar el estado de alarma hasta el 14 de marzo.
No es la primera vez que el Gobierno reconoce que tardó en reaccionar ante la pandemia, pero sí que lo pone por escrito en un documento enviado al Congreso. A falta de un balance crítico de la gestión de la covid-19, el informe aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional —que preside el jefe del Gobierno y en el que se sientan las vicepresidentas y los ministros de Interior, Defensa y Exteriores, entre otros— avanza las lecciones aprendidas de una crisis sanitaria que aún no ha concluido. La más destacada: la incapacidad del sistema de alerta sanitaria para detectar la dimensión de la pandemia y trasladar, con “la rapidez que era necesaria, información validada para la correcta toma de decisiones”. De cara al futuro, plantea su imprescindible “actualización” y “una mayor digitalización y automatización de los procesos de vigilancia” epidemiológica, en manos de las comunidades autónomas.
El informe anual correspondiente a 2020 también reclama un refuerzo de la atención primaria y hospitalaria, para que el sistema nacional de salud pueda reaccionar ante un aumento de la demanda asistencial como la que generó la covid-19, con más de 210.000 hospitalizados y 18.000 ingresados en UCI.
Tras constatar la dependencia de España en productos de primera necesidad para la pandemia (como mascarillas o pruebas PCR), debido a “la ausencia de planificación y de una reserva estratégica”, propone “desarrollar la capacidad industrial nacional para el autoabastecimiento” en situaciones críticas. Por último, señala que, aunque los investigadores españoles están desempeñando un papel “relevante” en el desarrollo de las vacunas, con 10 grupos en fase avanzada, sigue pendiente lograr “una integración eficaz” entre los científicos y la industria, para convertir rápidamente los avances de los primeros en herramientas contra la enfermedad.
Como era de prever, las epidemias —que en el anterior informe ocupaban el décimo lugar en la lista de riesgos para la seguridad nacional— se han convertido este año en el más peligroso y probable, en opinión de los 200 expertos consultados para elaborar el informe, pero hay otros:
Se duplican los ciberataques. El confinamiento supuso un crecimiento exponencial del teletrabajo o el comercio por Internet, lo que aumentó la exposición a los ciberataques. El CCN-CERT, dependiente del servicio secreto CNI, detectó el año pasado 82.530 ciberincidentes, un 192% más que en 2019. Más de la mitad de estos ciberataques, contra entidades públicas o empresas estratégicas, fueron clasificados como de peligrosidad alta o muy alta; y 62 de ellos, críticos. Aunque muchos ataques proceden de Rusia o China, el informe reconoce la dificultad de atribuirlos a sus gobiernos, pues con frecuencia son obra de grupos criminales a los que subcontratan los propios servicios de espionaje. La UE y la OTAN, explica, “están trabajando en una armonización de los requisitos para una atribución” de la autoría de un ciberataque, lo que permitiría la imposición de sanciones a los estados agresores. Los ciberataques a operadores del sistema de salud español, tanto públicos como privados, aumentaron más del 300% , pasando de 13 a 55 el año pasado. Entre sus objetivos: “el robo de información, sobre todo ligada a centros de investigación de la covid-19”.
El Ejército vigila la radicalización. Las Fuerzas Armadas españolas han puesto en marcha un sistema de indicadores para detectar y evaluar el “riesgo de radicalización” del personal militar hacia posiciones de “extremismo violento”, revela el informe. Esta medida se inscribe en la lucha contra el yihadismo, después de que entre algunos de los detenidos figurasen exmilitares. “La actuación de actores solitarios o pequeñas células locales se considera la opción más probable de que se produzcan atentados en territorio español”, advierte el texto. Las limitaciones a la movilidad por la pandemia no han frenado el ciberactivismo yihadista, que se ha volcado en la propaganda a través de la red, “en idioma español”, para reclutar seguidores o “activar terroristas autónomos”. Por eso, es objetivo prioritario “reducir el impacto” de los contenidos yihadistas en Internet mediante su “rápida eliminación”. Entre las nuevas categorías de terrorista figura la del “viajero frustrado”, aquel que no ha podido trasladarse a Siria o Irak para hacer la yihad pero mantiene intacto su deseo de actuar. Según el informe, algunos de los 37 detenidos por yihadismo en 2020 respondían a ese perfil. Los que, residiendo en España, se marcharon a la guerra fueron 254, según el cómputo oficial. Volvieron 50, 73 murieron y 131 no han regresado. Instituciones Penitenciarias tiene bajo vigilancia a 223 reclusos que ingresaron por yihadismo o, aunque lo hicieron por delitos comunes, se han radicalizado en la cárcel.
La amenaza de los drones. La irrupción de drones en el aeropuerto de Barajas el 3 de febrero de 2020, que obligaron a desviar 25 vuelos, encendió las alarmas. Los vehículos aéreos no tripulados plantean cuatro tipos de amenazas: el uso con fines terroristas, la colisión, el contrabando y el espionaje. El Gobierno prepara el despliegue de un sistema antidron en los aeropuertos y una norma que obligue a identificar a los operadores de estos artefactos volantes.
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