La reciente elección para la selección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial ha reflejado una alarmante baja participación ciudadana, situándose en un mínimo de al menos 12.57%. Este fenómeno suscita una inquietante reflexión sobre la naturaleza de este proceso electoral, que no surgió de una demanda social genuina, sino de una imposición política mal ejecutada. El impacto de esta elección va más allá de lo inmediato, ya que amenaza la fisonomía de nuestras instituciones y, en consecuencia, la confianza y la inversión en el país, cuestiones que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha enfatizado.
La organización de empresarios ha llevado a cabo un análisis crítico de la jornada electoral, señalando que las irregularidades observadas ponen en jaque los principios democráticos fundamentales. Adicionalmente, resaltan que la reforma judicial ha carecido de un diagnóstico técnico sólido y de un consenso plural, lo que ha llevado a una situación donde el control político ha primado sobre la autonomía del Poder Judicial, la profesionalización y la meritocracia.
Desde la óptica de Coparmex, la justicia no debería convertirse en un ejercicio de popularidad, sobre todo ante la evidente falta de interés en la participación ciudadana. La base de una legitimidad verdadera radica en pilares como la preparación, la imparcialidad y la ética. Además, subraya que la falta de una justicia independiente es un obstáculo para atraer inversiones sostenibles.
El panorama es preocupante, ya que el éxito de México en términos de desarrollo está íntimamente ligado a la existencia de un sistema judicial autónomo. Las consecuencias de la reforma judicial son tangibles y ya se están sintiendo. Cada vez más empresas transnacionales están optando por tribunales internacionales, abandonando la jurisdicción local, lo que refleja una creciente desconfianza en la justicia mexicana. Esto es especialmente crítico para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que podrían encontrar sus intereses desprotegidos en un sistema judicial cuya integridad y eficiencia están en entredicho.
La jornada electoral reciente no parece ajustarse a las verdaderas necesidades del sistema de justicia, ni garantizar el fortalecimiento institucional que el país requiere. Esta elección no debería sentar un precedente para futuros procesos electorales, pues los inconvenientes observados—como reducciones presupuestarias y la disminución de casillas—han desmejorado la logística electoral. La ineficiencia en la organización de la elección resiente la democracia y pone en entredicho los derechos de cada ciudadano, además de afectar la independencia de los órganos electorales construidos para servir a la sociedad.
La defensa del Estado de derecho es, por lo tanto, crucial, ya que no solo está en juego una elección, sino el modelo democrático que México ha ido construyendo a lo largo de las décadas. La necesidad de un Poder Judicial que actúe con independencia y apego a la ley es más urgente que nunca; de otro modo, la construcción de confianza y un ambiente propicio para la inversión serán simplemente ilusiones.
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