El 1 de junio de 2025, México marcó un hito en su historia electoral al permitir que más de 2,000 ciudadanos eligieran mediante voto popular a integrantes del Poder Judicial Federal. Por primera vez, ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito fueron seleccionados en unas elecciones que resultaron de una significativa Reforma Judicial aprobada el año anterior, diseñada para combatir la impunidad, la corrupción y el elitismo en el ámbito judicial.
A pesar de la relevancia de este proceso, la participación ciudadana fue alarmantemente baja, con solo un 13% del electorado acudiendo a las urnas. Esta cifra pone de manifiesto un desafío considerable: la necesidad de fomentar una mayor implicación de los ciudadanos en decisiones que afectan directamente la justicia del país.
De acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE), las fechas para los cómputos distritales del Proceso Electoral Extraordinario (PEEPJF) 2024-2025 son cruciales. Entre ellas, destacan los siguientes momentos:
– Del 1 al 3 de junio, se contaron los votos para las ministraturas de la Suprema Corte de Justicia.
– El 3 y 4 de junio, se computaron los votos de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
– Y del 4 al 10 de junio, se llevaron a cabo las elecciones para varias magistraturas y jueces de distrito.
Las fechas críticas del INE continúan con límites establecidos para completar los cómputos y la publicación de resultados finales, programada para el 15 de junio. Asimismo, las impugnaciones relacionadas con el proceso electoral deben presentarse antes del 28 de agosto, con la toma de posesión de los nuevos funcionarios prevista para el 1 de septiembre.
La organización de estas elecciones no estuvo exenta de retos. El INE enfrentó recortes presupuestales del 50% y limitaciones de tiempo, lo que complicó la instalación de más de 84,000 casillas y la preparación de insumos para un electorado superior a los 90 millones de votantes. Además, surgieron problemas como retrasos en la instalación de casillas y robos de boletas, así como controversias en el uso de ayudas para el sufragio entre algunos votantes.
Este contexto electoral no solo evidenció el progreso hacia una mayor democratización del sistema judicial, sino que también puso de manifiesto la urgencia de incrementar la participación ciudadana y fortalecer la confianza en el proceso electoral. Al finalizar el proceso, se espera que los nuevos funcionarios judiciales asuman su papel con la responsabilidad de sanar la relación entre la justicia y los mexicanos, propiciando un sistema más justo y accesible.
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