El reciente paro de actividades en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que se extendió desde el 29 de mayo hasta el 7 de julio, ha expuesto y agudizado el problema del rezago en la atención de expedientes, una situación que ya era preocupante antes de la suspensión de labores. Este paro resultó en la inasistencia de aproximadamente 48,000 audiencias programadas, un millonario número de 1,440,000 promociones y afectó a más de 4.8 millones de personas.
Las estadísticas más recientes revelan que, entre enero y abril de 2025, se ingresaron 97,963 expedientes en el sistema, una disminución con respecto a los 111,077 registrados en el mismo periodo de 2024. Similarmente, los nuevos procesos iniciados también disminuyeron de 77,172 a 59,196. Este panorama se agrava aún más al observar que los casos concluidos pasaron de 53,750 en 2024 a 42,208 en 2025, un descenso significativo que subraya el impacto del paro.
Un informe de “Hallazgos desde lo local 2023” revela que del total de denuncias y querellas en materia penal, cerca del 63.84% se archivan, mientras que únicamente un 3.68% logra vincularse a proceso. Esta realidad indica que la mayoría de los casos quedan atrapados en un sistema que presenta ineficiencias evidentes.
Además, el número de jueces ha disminuido. En diciembre de 2024 había más jueces y magistrados (436) que en marzo de 2025 (425), una reducción notable en un contexto donde ya operaban bajo sobrecarga de trabajo. A la par, el personal del Poder Judicial también ha experimentado una caída drástica. Actualmente, se cuentan 5,515 trabajadores, en comparación con 6,473 en 2018 y 7,124 en 2015.
El informe destaca que uno de los principales retos es la administración del volumen de trabajo entre las diferentes instancias del sistema judicial. Las unidades encargadas de la gestión judicial intentan balancear la distribución de cargas, pero la falta de personal calificado y recursos adecuados limita su efectividad. La reciente reforma judicial, que incluye la elección por voto popular de jueces, ha generado una transición que podría complicar aún más la situación existente, ya que muchos jueces activos optaron por jubilarse en lugar de enfrentar el reto de la campaña política necesaria para su reelección.
Puntos de interés específico incluyen una reestructuración reciente del sistema, que ha llevado a la eliminación de juzgados civiles y familiares, trasladando así la carga de trabajo a otros juzgados que ya enfrentaban sus propios rezagos. Este fenómeno genera aún más retrasos en un sistema que ya luchaba por mantener la impartición de justicia de manera eficiente.
Los expertos advierten que la ausencia de políticas laborales adecuadas para el personal judicial podría conducir a una desprofesionalización de la carrera judicial, lo que sería perjudicial no solo para los jueces, sino para todo el personal que les asiste. Esta situación, si no se gestiona adecuadamente, podría propiciar una nueva parálisis en el Poder Judicial.
En resumen, los problemas acumulados en la impartición de justicia en la Ciudad de México requieren atención inmediata. La falta de recursos, el descenso en la cantidad de jueces y personal, un sistema sobrecargado y el impacto del reciente paro de actividades son factores que, de no ser atendidos de manera estratégica, podrían profundizar aún más la crisis en la justicia penal local. La administración de justicia se enfrenta a un momento crítico donde la ineficiencia y la saturación podrían tener repercusiones graves en la sociedad, llevando a un círculo vicioso que es imperativo romper.
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