Desde hace unos días, varios vídeos le dan la vuelta a Colombia y al mundo. En ellos se observa a civiles disparando contra personas que protestan en el marco del estallido social que ha vivido el último mes. Estos civiles que disparan lo hacen, en muchos casos, con la complacencia de la policía. Se ve en los vídeos que, cuando disparan, están apenas a un par de metros de los agentes. También, hace unos días, un funcionario de la Fiscalía habría asesinado a un joven que protestaba y este fue linchado por otros manifestantes. A esto se le suma una práctica recurrente y es que en varias ciudades les disparan a las personas que protestan con armas de fuego desde camionetas o vehículos.
El paro nacional comenzó el pasado 28 de abril y una semana después del inicio ya se sabía de civiles disparando contra jóvenes. En Pereira fue asesinado un líder estudiantil, Lucas Villas, a manos de supuestos civiles. Días después, otro joven fue asesinado por un sicario. En el primer caso, por la ruta de escape del asesino debía estar un puesto de policía, pero ese día desapareció por arte de magia. En el segundo caso, las investigaciones no avanzan y nadie dice nada.
Tradicionalmente esta violencia era aplicada por organizaciones paramilitares de carácter regional y nacional. Por ejemplo, entre 1985 y 1994 fueron asesinados miles de militantes del partido de izquierda Unión Patriótica. Esta vez, en Colombia, los grupos disidentes del paramilitarismo como el Clan del Golfo o Los Rastrojos no se han metido a atacar la protesta social. Muchos civiles que antes contrataban a estos grupos o instigaban a que actuaran contra opositores lo dejaron de hacer ya que, en una buena cantidad de casos, las organizaciones criminales terminaban extorsionándolos y cobrándoles mensualidades para evitar delatarlos o para evitar que tomaran represalias.
Ahora todo parece indicar que esta violencia ilegal privada se ha tercerizado y que diferentes personas habrían contratado a sicarios de pequeñas organizaciones criminales, exfuncionarios estatales o funcionarios -con el fin de asesinar marchantes y reprimir la ola de protesta que vive pero también, en otros casos, los que disparan son personas radicalizadas, que creen en teorías conspirativas y salen envalentonados por el contexto de impunidad que han mandado las autoridades colombianas. Es decir, no son organizaciones criminales grandes.
Este paramilitarismo sicarial, en una buena cantidad de casos, ha contado con la complacencia o la complicidad de las autoridades. Hay muchos vídeos como prueba para llegar a esta conclusión. Pero más allá de esto, la gran explicación a estos fenómenos viene de la impunidad. Según cifras de organizaciones sociales durante la protesta van más de 40 asesinatos, cerca de una veintena de agresiones sexuales, más de 30 jóvenes de han sufrido agresiones oculares y hay más de un centenar de heridos por arma de fuego, presuntamente, cometidos por la policía colombiana. A pesar de eso no ha caído un solo general o coronel, ni ha salido el Ministro de Defensa. El mensaje de impunidad es increíble.
Todo indica que este sicariato paramilitar marcará la nueva etapa de represión a los manifestantes. Si bien la cúpula de la policía reconoce los vídeos y ha anunciado investigaciones, lo cierto es que nadie confía en esos anuncios y la imagen de la institución cada vez se deteriora más. Además, nada indica que la ola de violencia se detendrá.
