La evolución de la política laboral en México ha sido un tema de controversia durante años. Se suponía que la desregulación era la mejor estrategia: menores requisitos para la contratación, mayor creación de empleo, y así, una mejora en las condiciones para los trabajadores. Sin embargo, se argumentaba que la regulación laboral era la causa principal de los altos niveles de informalidad en el país, llevando a una resistencia a aumentar el salario mínimo.
Desde los años ochenta, los mecanismos de regulación en el ámbito laboral se han ido relajando, incluso más que en otras naciones latinoamericanas. No fue hasta el siglo XXI que la tendencia global comenzó a cambiar, favoreciendo una mayor protección para los trabajadores. La reforma en el salario mínimo marcó un primer paso en este sentido, seguido de la restricción del outsourcing, una práctica abusiva que se había utilizado para eludir responsabilidades tributarias y laborales.
El uso del outsourcing es válido para tareas no centrales de una empresa, pero su abuso en las funciones principales terminó desprotegiendo a muchos trabajadores. La reciente legislación exige que aquellos empleados que realizan actividades fundamentales sean contratados directamente por su empresa. Esta medida asegura que sus derechos y prestaciones estén adecuadamente garantizados.
Los datos de los censos económicos reflejan una mejora significativa en el panorama laboral: entre 2008 y 2018, el porcentaje de trabajadores pagados directamente por sus empresas creció de 56.7% a 59.9%. Para 2023, esta cifra alcanzó un notable 73.7%, mientras que aquellos pagados a través de otra razón social se redujeron a solo 1.6%. Prácticamente todos los trabajadores remunerados en México están ahora contratados directamente por las empresas en las que laboran.
Estas reformas evidencian que es posible regular el mercado laboral sin afectar negativamente la creación de empleo. Las empresas se han ido adaptando a la nueva normativa, lo que ha permitido que un mayor número de trabajadores disfruten de derechos que en esquemas tercerizados a menudo no contaban.
Este caso pone de manifiesto que el camino adecuado no es la desregulación, sino el establecimiento de políticas laborales que protejan y garanticen un mínimo de derechos para los trabajadores. La experiencia mexicana demuestra que una regulación adecuada puede ser beneficiosa tanto para los empleados como para el mercado laboral en general.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
