“Nosotros no somos como ustedes”, repiten a menudo los diputados de Vox en la tribuna del Congreso. Ese “ustedes” abarca a todos los demás, incluido el PP, a quien el partido de Santiago Abascal también mete en el saco de lo que sus dirigentes llaman el “consenso progre”. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, hasta ha acuñado un lema: “Ya solo queda Vox”. En el año y medio que va de legislatura, la extrema derecha se ha afanado por demostrarlo.
Muy al contrario del clima habitual, el pasado 20 de mayo abundaban las felicitaciones entre los grupos del Congreso. Se aprobaba definitivamente la ley de protección de la infancia, promovida por el Gobierno y saludada por la diputada del PP María de la O Redondo: “Hoy es un gran día. Esta ley puede suponer un antes y un después”. A Redondo la había precedido la parlamentaria de Vox Teresa López, quien comenzó su discurso evocando el relato bíblico de Herodes, el rey infanticida, para concluir: “En esta ley no hay justicia ni bondad, hay odio”. Los suyos fueron los únicos votos en contra.
Eso que Vox llama el “consenso progre” abarca una temática muy amplia: la violencia contra la mujer y la política inmigratoria, en primer lugar, pero también la protección de la infancia y del medio ambiente, el trato a los animales, la financiación autonómica, los derechos de los discapacitados, los secretos oficiales, las pensiones, las ayudas a la cultura, las recomendaciones de la ONU, la reparación a las víctimas del franquismo… Por debajo de la espuma de la polarización, algunos de estos asuntos han suscitado amplios consensos en el Congreso, hasta unir en votaciones al PP con partidos del extremo izquierdo del arco parlamentario como EH Bildu o la CUP. En otros, los populares han dejado hacer refugiándose en la abstención. En todos, la única voz discordante ha sido la del partido de Abascal, con el añadido ocasional de algún diputado de la derecha regionalista en el Grupo Mixto.
La satisfacción general ese 20 de mayo se completó con la aprobación de una ley que impide la incapacitación jurídica de las personas con discapacidades. Otra diputada del PP, María Jesús Moro, apeló a su especialidad profesional para dejar constancia: “Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser civilista”. Antes que ella, también había hablado una diputada de Vox —y una de las más afiladas—, Rocío de Meer, para lanzar sus dardos solitarios contra la reforma. Como esta recoge las recomendaciones de una Convención de la ONU, De Meer recurrió a uno de sus argumentos favoritos para arremeter contra el resto: “Son ustedes esclavos del globalismo”.
