El reciente anuncio del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto en el centro del debate el poder adquisitivo de los ciudadanos. Con la aprobación de un aumento del 13% al salario mínimo general, que se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2026, se prevé que este alcance los 315.04 pesos diarios. En la Zona Libre Fronteriza Norte, el incremento será del 5%, llevando el salario a 440.87 pesos diarios. Este aumento, según las autoridades, representa un intento significativo de fortalecer en un 154% el poder adquisitivo de los mexicanos.
Como parte de esta iniciativa, el Gobierno ha proporcionado datos reveladores sobre lo que se puede adquirir con un día de trabajo. De acuerdo con la medición, con el salario mínimo diario se podrán comprar 14.8 kilogramos de tortilla, 6.5 de huevo y 7.1 de frijol. Adicionalmente, se estima que los trabajadores también podrán adquirir cinco kilos de limón, 5 litros de aceite, hasta ocho kilos de azúcar, y más de diez kilos de papa con lo que ganen en un día.
El aumento al salario mínimo no solo pretende mejorar la economía de las familias, sino también atender las necesidades básicas de los mexicanos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) trabajó en conjunto con representantes de trabajadores y empresarios para definir estos incrementos, que buscan asegurar un ingreso mensual de aproximadamente 9,582.47 pesos para el salario general, y 13,409.80 pesos para la Zona Libre Fronteriza.
Uno de los objetivos a largo plazo que ha mencionado la presidenta Sheinbaum es alcanzar un salario mínimo de 440 pesos diarios para el final de su administración en 2030. De materializarse esta proyección, se estima que una persona podría adquirir 2.5 canastas básicas, tanto alimentarias como no alimentarias.
Con este contexto, queda claro que la política salarial actual se dirige a mejorar, de manera significativa, el estándar de vida de los mexicanos, a la vez que establece una meta ambiciosa para el futuro. Estas medidas son parte de un compromiso amplio por parte del Gobierno para proteger la economía de las familias y garantizar un nivel mínimo de bienestar a la población.
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