El 31 de diciembre de 2025, el Gobierno federal anunció la eliminación de la exención del pago de aranceles a la importación de carnes de res y cerdo, leche y derivados, frijol, arroz, aceites vegetales y embutidos. Esta decisión surge en el contexto de una reorientación de las políticas económicas, buscando contener la inflación y garantizar el abasto de productos esenciales.
La exención arancelaria, que había sido implementada como una medida temporal durante el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, se había concebido para mitigar las presiones inflacionarias en los precios de los alimentos, un impacto considerable tras la pandemia de Covid-19. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que las condiciones económicas actuales permiten retirar gradualmente este beneficio sin causar desequilibrios significativos en el mercado.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ha llevado a cabo un análisis de las recientes presiones inflacionarias y el crecimiento de las importaciones de países sin tratados de libre comercio. Esto ha llevado a la conclusión de que es pertinente revisar la continuidad de la exención arancelaria para ciertos productos. La presidenta resaltó que existen algunos niveles de oferta interna que respaldan esta eliminación.
El enfoque se inscribe en el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde se prioriza el fortalecimiento del mercado interno y el aumento de la producción nacional, así como la reducción de importaciones consideradas innecesarias. Entre los productos específicos afectados se incluyen carne de res y cerdo, leche líquida y en polvo, frijol, arroz y varios tipos de aceites vegetales.
El decreto establece períodos de transición para importadores con contratos vigentes celebrados durante 2025, quienes podrán mantener los beneficios de la exención hasta marzo de 2026 o, en algunos casos, hasta 2027. Además, para garantizar el cumplimiento de normas sanitarias y prevenir posibles prácticas de acaparamiento, se incrementará la supervisión por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Esta medida, que tiene implicaciones sobre la producción agrícola y ganadera del país, deberá monitorearse de cerca para evaluar sus efectos a largo plazo en los precios y la disponibilidad de estos productos en el mercado mexicano. La decisión refleja no solo un cambio en la política arancelaria, sino también una estrategia más amplia hacia la autosuficiencia alimentaria en México.
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