La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha lanzado una alerta tras identificar pensiones “exorbitantes” en diversas instituciones públicas. Esta situación ha captado la atención del público, ya que la información sobre estos pagos ya está disponible en internet, promoviendo así la transparencia en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con el artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las entidades estatales están obligadas a exhibir un listado de pensionados y jubilados junto con los montos que reciben. Este esfuerzo de transparencia surge tras la presentación de datos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo del 18 de febrero, incentivando la revisión de las pensiones en instituciones como Luz y Fuerza del Centro, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y varios bancos de desarrollo.
Uno de los hallazgos más preocupantes, según la secretaría, es que se detectaron pensiones que superan el sueldo de la Presidenta de la República. Increíblemente, hay casos en los que los beneficiarios reciben más de 1 millón de pesos mensuales, un monto que genera un gran interés público y ha llevado a la difusión de un enlace donde cualquier ciudadano puede consultar esta información.
La Secretaría también observó que existen notables discrepancias en cómo las distintas instituciones cumplen con sus responsabilidades en materia de transparencia. En respuesta a estas inconsistencias, se han iniciado acciones junto con Transparencia para el Pueblo y la Coordinación General de Órganos Internos de Control, obligando a las entidades a publicar la información necesaria en la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo establece la ley.
Este esfuerzo se alinea con un cambio político más amplio, marcado por una reciente votación unánime en la Cámara de Senadores que busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas”. Esta resolución se presenta como un paso hacia la eliminación de privilegios del antiguo régimen y se enmarca dentro de una lógica de austeridad republicana, justicia y rendición de cuentas.
A medida que se avanza en la difusión de esta información y se exigen explicaciones sobre los patrones de gastos del erario, es vital que la ciudadanía permanezca informada y participativa. La dimensión de las cifras y la posibilidad de un cambio real hacia una mayor rendición de cuentas son motivo de atención y seguimiento.
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