El giro de Estados Unidos respecto a Venezuela se fraguó a partir del primer encuentro en Bruselas entre Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, y Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense. En esa cita, según fuentes europeas, Borrell ya trasladó a Blinken su propuesta de cooperación para buscar una salida a la larga crisis política, económica y humanitaria en el país caribeño.
Ante la premura de tiempo de una reunión en la que era necesario abordar toda la agenda internacional con la nueva administración estadounidense, el español entregó al jefe de la diplomacia estadounidense un primer texto que desencadenó la iniciativa conjunta. En este papel de trabajo, el servicio europeo exterior radiografiaba la situación venezolana, el perfil de los principales protagonistas del régimen de Maduro y de la oposición y los errores que, a juicio de Bruselas, había cometido Estados Unidos.
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Blinken recogió el guante lanzado por Borrell. Y desde ese momento, los técnicos de ambos lados del Atlántico comenzaron a elaborar la propuesta política que se plasmó en un comunicado conjunto, firmado junto a Canadá, el pasado viernes. En él, los representantes de la diplomacia europea y norteamericana piden a Caracas un plan de reformas en la cual Maduro se comprometa a celebrar elecciones democráticas, y ofrecen a cambio un levantamiento progresivo de sanciones, una oferta que se ha convertido en la zona medular de la nueva estrategia sobre Venezuela.
Las gestiones para el inicio de las jornadas de negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, en representación de los partidos de la oposición, con la intermediación de Noruega, comienzan a tomar velocidad. Una delegación de la Unión Europea visitará Caracas para evaluar si es factible que una misión internacional vaya a Venezuela en los próximos comicios regionales de noviembre.
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Mientras, el Gobierno de Nicolás Maduro, interesado en salir de la zona de asedio en la escena internacional, ofrece nuevas concesiones, procurando estimular la participación electoral de sus enemigos: recientemente ha oficializado el fin de la vigencia de los “protectores” —figura nombrada en el Poder Ejecutivo para tutelar la gestión de los gobernadores electos de la oposición—; y ha anunciado el regreso de una de las tarjetas electorales de partidos opositores confiscadas por el Poder Electoral en los años recientes. Al mismo tiempo, el nuevo parlamento, controlado por el oficialismo, diseña una nueva Ley de Ciudades Comunales que acrecentarían su control sobre los Estados del país en detrimento de los gobernadores.
Una comisión de dirigentes opositores, encabezada por Gerardo Blyde, Leopoldo López y Julio Borges, visitó recientemente Washington y Bruselas con el objeto de fortalecer las coincidencias actuales y alinear puntos de vista para presentar en la mesa de negociaciones. La oposición propondrá un cronograma de elecciones generales como punto de partida para relegitimar los poderes públicos, desconocidos por buena parte dle mundo occidental desde 2018, bajo la convicción de que una consulta popular honesta será el único parámetro posible para reconstruir el país. Maduro pide que cualquier acuerdo con la oposición comience por reconocer a las autoridades constituidas en su régimen. Es muy probable que Maduro procure orientar cualquier acuerdo en torno a la celebración de unas elecciones presidenciales previstas para 2023.
