“En algún momento deberíamos unirnos y pedirles cuentas a los que gobiernan”, dice Julián Lebarón desde Idaho, en Estados Unidos, harto de la situación de violencia que vive México. Su abogado, Abel Murrieta, fue asesinado este jueves en Cajeme, Sonora. Sicarios le tirotearon en la calle, a plena luz del día. Exprocurador del estado, Murrieta contendía además por la alcaldía de Cajeme en las elecciones del 6 de junio. “Vivimos en el terrorismo”, ha dicho Lebarón.
Desde hace año y medio, Julián y Adrián Lebarón se han convertido en voces importantes dentro del gran numero de víctimas que existe en México. El 4 de noviembre de 2019, un grupo delictivo asesinó a sangre fría a tres mujeres y seis niños integrantes de su familia. Fue cerca del rancho La Mora, en Sonora, junto al límite con el Estado de Chihuahua. Allí, en La Mora, los Lebarón y otras familias mormonas mantienen una comunidad desde hace décadas. Julián y Adrián no han parado de pedir justicia desde entonces. Adrián era el padre de una las mujeres asesinadas y abuelo de varios de los niños.
La masacre del rancho La Mora fue una de las primeras del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Igualmente una de las más importantes. Primero por la saña -los sicarios dispararon contra las mujeres y los niños cientos de veces- pero también por la contundencia de sus familiares en sus peticiones de que se hiciera justicia. Al final, el ataque conectaba con otros registrados en gobiernos anteriores y desdibujada la idea de cambio, de nuevo paradigma, que López Obrador ha tratado de impulsar.
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Abel Murrieta fue una bendición en el camino a la justicia de la familia de las víctimas. Al menos eso cuentan Julián y Adrián Lebarón. “Estoy muy triste”, ha dicho Julián, “Abel era como de la familia”. Desde Phoenix, Arizona, Adrián Lebarón añade: “Él me agarró de la mano al principio del proceso. Me enseñó a leer entre líneas en las declaraciones de los detenidos. Se tomó muy personal el caso. No había nadie tan limpio en ese cochinero -la administración de justicia- como él… Me siento muy desmoralizado”.
Tras el ataque, los rumores apuntaron al fuego cruzado entre dos grupos delictivos, uno de Sonora y otro de Chihuahua. Por algún motivo, los segundos habrían atacado a las mujeres y los niños, que iban a la comunidad de La Mora a Chihuahua por una carretera de la sierra que solían usar. Para los Lebarón, la saña de los pistoleros dificultaba el encaje de las piezas. No les cuadraba la violencia empleada contra mujeres y niños, ajenos a todo conflicto. Ahí entró en juego Murrieta, conocedor de las dinámicas de la Fiscalía local y de los grupos criminales de ambos estados.
De su mano, apoyado en la presión que Adrián, Julián y otros familiares han ejercido sin descanso este año y medio, las autoridades han efectuado más de dos docenas de detenciones, cinco por el ataque directo contra las mujeres y los niños. Todos los detenidos forman parte del grupo criminal La Línea, vinculado al cártel de Juárez, según las autoridades. Sin embargo hay datos que nunca han cuadrado. Adrián Lebarón explica que recientemente supieron que el móvil de su hija, Rhonita Miller, asesinada en el ataque, hizo llamadas dos días después del ataque, desde Hermosillo, la capital de Sonora. “Si todo parecía indicar que era gente de la Línea, ¿qué hacía el teléfono de Rhonita en Hermosillo?”. Adrián Lebarón tenía pensado reunirse este viernes con Murrieta en Tijuana. “Íbamos a hablar de cosas que no se podían decir por teléfono, eso me dijo él”, cuenta. Adrián ignora si tenía que ver con Rhonita o con qué.
Para los Lebarón, el caso avanza aunque aún falta bastante. “Había más de 100 personas en la sierra ese día. Y más de 20 participaron en el ataque directo contra las mujeres y los niños”, dice Adrián Lebarón. “Es verdad que hay cinco procesados por el ataque”, añade Julián Lebarón, “pero para que sean condenados, aquí en México, hace falta un milagro”. Para lograr ese milagro, el papel de Murrieta parecía fundamental.
El asesinato del abogado ocurre en un contexto de extrema violencia contra candidatos a cargos públicos. Los últimos datos recabados por Etellekt Consultores, correspondientes al mes de abril, indican que las agresiones contra candidatos y sus allegados en este proceso electoral igualan ya a las del año 2000, la campaña más violenta en los últimos tiempos en México.
En el caso de Sonora, la situación es especialmente complicada. De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sonora es uno de los cinco estados donde aumentaron los asesinatos el año pasado con respecto al anterior. Por su lado, Cajeme es uno de los 15 municipios de atención prioritaria para el Gobierno federal por la situación de violencia.
Para Julián Lebarón, “el verdadero crimen es el que comete la autoridad, que permite que los delincuentes se adueñen de los caminos”, zanja.
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