Por Juan Carlos Sánchez Magallán
La cobertura sanitaria universal implica que todas las personas y comunidades de todos los países reciban los servicios de salud fundamentales, sin vivir dramas y penurias financieras para pagarlos, esto es, tener acceso a los servicios asistenciales de salubridad y médicos necesarios para garantizar su bienestar.
La prestación de estos servicios requiere personal sanitario profesional competente y altamente capacitado para otorgar servicios asistenciales adecuados y que, además, estén dotados de una combinación óptima de habilidades y conocimientos en los establecimientos de salud (clínicas, hospitales y consultorios médicos) para la atención de los servicios de proximidad que se les deben otorgar a las comunidades.
La pandemia puso a prueba los sistemas de salud de todos los países, de ahí la necesidad aumentar los presupuestos destinados a los programas de salud pública prioritarios, esto incluye la elaboración de programas de política pública con base en los datos actuales, con una moderna comunicación de riesgos, con sistemas de información que sensibilicen a las personas y sus familias para la eficiente gestión de su propia salud, acompañada de datos confiables y veraces, con el acompañamiento de laboratorios para la realización de pruebas, la regulación de los productos de calidad y compartimentos saludables y las subvenciones a toda la infraestructura hospitalaria (institutos, hospitales, clínicas, etcétera).
La implementación de una eficaz cobertura sanitaria universal se debe centrar en la organización y el fortalecimiento a los sistemas de salud para que la población pueda acceder a todos los servicios de salud y bienestar con calidad, en función de sus necesidades y preferencias, lo más rápido posible y en su entorno cotidiano, pues, por increíble que parezca, tenemos una gran infraestructura en hospitales y clínicas y mucha de ésta se encuentra subutilizada por ausencia de medicamentos fundamentales para la atención oportuna de las personas.
Las estrategias de cobertura sanitaria universal deben atender las causas más importantes de morbilidad y mortalidad. Además, se debe garantizar la protección a las personas por las consecuencias financieras que pueden originar el pago de los servicios de salud y reducir el riesgo de empobrecimiento, consecuencia de una enfermedad inesperada que exija la utilización de los ahorros de su vida, la venta de sus bienes o la desesperante necesidad de recurrir a los préstamos bancarios, que pueden destruir su futuro y el de sus hijos.
Datos duros de la Organización Mundial de la Salud son preocupantes, pues cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos.
Aproximadamente, mil millones de personas viven en pobreza extrema (con un dólar por día) por tener que pagar los servicios de salud de su bolsillo. Más de 930 millones de personas (12% de la población mundial) gastan, al menos, 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud, ahí se explica la proliferación de consultorios médicos en las farmacias que otorgan consultas a muy bajo costo.
Existe un déficit de 18 millones de profesionales del personal activo en todo el mundo y se requieren para garantizar la cobertura sanitaria universal.
En nuestro país existen más de 3 mil hospitales, entre públicos y privados, y clínicas que pueden ayudar a lo fundamental de la vida: embarazos, partos y/o cesáreas, problemas dentales, gástricos, pulmonares, de circulación, alimentación, psíquicos, dentales.
En general, los servicios de salud deben brindar, ayudar y otorgar “seguridad médica” a todas las personas, bienestar físico y psicológico en términos de la legislación internacional y de los acuerdos y tratados internacionales. ¿O no?, estimado lector.
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