Hace unas semanas se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), pero es cada vez más necesario que todos los demás días del año se visibilice el trabajo de las personas que los defienden, junto al medio ambiente y los recursos naturales.
La conflictividad en torno a la defensa del agua, la alimentación o el medio ambiente conlleva una violación sistemática de los derechos de las personas que lo cuidan; que son asesinadas, perseguidas o amenazadas, riesgo que se agrava en el caso de las mujeres y las comunidades indígenas.
El último informe de Global Witness recoge cómo, a medida que se ha ido intensificando la crisis climática, ha aumentado la violencia contra quienes protegen y defienden sus hogares, la tierra y sus medios de vida, los ecosistemas y la biodiversidad. El resultado ha sido una media de más de cuatro personas asesinadas cada semana en todo el mundo en el año 2020 (un total de 227).
También Michel Forst, relator Especial de Naciones Unidas para las Personas Defensoras, ha reiterado su preocupación por el “sobrecogedor número de asesinatos, amenazas y casos de acoso e intimidación” de los defensores de los derechos humanos vinculados al medio ambiente y el territorio.
Junto a las acciones de despojo de los recursos naturales se ponen en marcha mecanismos y estrategias de persecución y criminalización judicial que tratan de desactivar y desacreditar los movimientos colectivos en un marco de impunidad de las empresas que están detrás y, en muchos casos, la complicidad de instituciones del Estado, como defienden varios activistas. D.Y., hondureña, critica que la justicia no se aplique para todos con el mismo rasero y alude al juicio que enfrentan varias personas por proteger los Ríos San Pedro y Guapinol, en Honduras.
El reciente caso conocido como Guanipol es un claro ejemplo de vulneración del derecho humano al agua y su defensa. En estos momentos hay ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) que llevan ya más de dos años en prisión por oponerse a un proyecto minero de la empresa Inversiones los Pinares en una zona ambientalmente protegida que afectará gravemente los ríos San Pedro y Guapinol. Ya en el año 2018, cuando dieron inicio los trabajos previos y la construcción de una carretera que facilitara el acceso a la zona, el agua del afluente dejó de ser utilizable por la comunidad, que se movilizó organizando un campamento de resistencia y que fue desalojado con violencia.
Hoy hay ocho defensores miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes y Públicos de Tocoa que llevan más de dos años en prisión por oponerse a un proyecto minero
La prisión de estos activistas responde a una estrategia de intimidación y criminalización de todas aquellas personas que se oponen al proyecto, una prisión injusta y arbitraria –así ha sido también calificada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas– que ha llevado a la movilización de numerosas organizaciones sociales relacionadas con el medio ambiente y del derecho al agua.
Como se sostiene desde la campaña de apoyo a estos defensores, y con los lemas #GuapinolResiste, #LibertadparaGuapinol o #Aguaesvida, la lucha de Guapinol es una pelea por “la vida de los ríos y las montañas que nos dan vida. Es también la vida de ocho activistas ilegalmente encarcelados por tener el valor de unirse a su comunidad para proteger a sus familias y futuras generaciones”.
Es urgente insistir en la contribución que hacen los ecologistas al disfrute de los derechos humanos, a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible y debe hacerse sin perder de vista que sus actividades de protección están reconocidas internacionalmente.
Enmarcar el derecho a salvaguardar el agua o el territorio implica que debe garantizarse un entorno seguro y propicio que les permita llevar a cabo su labor sin obstáculos ni inseguridad. Este marco de obligaciones compete a los Estados, pero también a las empresas. Nada está por encima de la vida.
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