El 11 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un convenio significativo con las gigantes tecnológicas Google, Meta y TikTok, orientado a combatir la violencia digital contra las mujeres. Este acuerdo, que consta de 17 compromisos, se destaca por su carácter voluntario, un aspecto crucial a tener en cuenta. La presentación del convenio estuvo a cargo de Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, quien lideró mesas de trabajo desde el 27 de noviembre en conjunto con la Agencia de Transformación Digital. Este proceso de negociación se extendió durante cuatro meses, resultando en un marco que, aunque no cuenta con fuerza de ley, representa un paso importante en un país donde hasta ahora no existía un mecanismo formal de colaboración para enfrentar la violencia digital.
El contexto de esta problemática es alarmante. Según el Inegi, el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024 revela que 10.6 millones de mujeres han sido víctimas de ciberacoso en México, lo que equivale a una de cada cinco usuarias de internet. Las cifras son aún más preocupantes entre las jóvenes de 20 a 29 años, quienes representan el grupo más afectado, con tres de cada diez experimentando este tipo de agresiones. La situación se agrava con la realidad de que el 87% de los agresores identificables son hombres. El acoso a menudo comienza a una edad temprana, impactando a niñas y adolescentes de entre 14 y 16 años, muchas de las cuales son agredidas en las plataformas que ahora han firmado este convenio. Si se incluyen a hombres afectados, el total de víctimas asciende a 18.9 millones, subrayando la magnitud del problema que el acuerdo busca enfrentar.
Los 17 compromisos abordarán la situación desde dos frentes: prevención y atención. En términos de prevención, se implementarán normas comunitarias revisadas, una cartilla de seguridad digital y campañas educativas mensuales dirigidas a usuarios y creadores de contenido. Por el lado de la atención, se definirá conjuntamente qué constituye violencia digital, se establecerán mecanismos para la eliminación de material de abuso sexual, se ofrecerán herramientas de bloqueo y se promoverá la coordinación con autoridades competentes para garantizar que las investigaciones conduzcan a resultados concretos. A pesar de su carácter voluntario, este convenio también establece un horizonte de rendición de cuentas, un avance, por lo menos.
El tema no es ajeno a las autoridades. Tanto Claudia Sheinbaum como Citlalli Hernández han compartido sus experiencias como víctimas de agresiones digitales, resaltando la necesidad de abordar esta problemática de manera tangible, más allá de un enfoque meramente administrativo. La decisión de las plataformas de firmar este acuerdo responde a una visión más estratégica: si no logran resultados a través de esta colaboración, enfrentarán la posibilidad de una regulación legislativa más estricta, como han vivido en otras partes del mundo.
Las corporaciones inteligentes saben anticipar desafíos. La Ley de Servicios Digitales en Europa y la Online Safety Act en Australia son ejemplos de normativas que ya sancionan a las empresas que no se alinean con sus directrices. Google y Meta aprendieron esta lección en 2021, cuando enfrentaron sanciones por su demora en acuerdos en Australia. Firmar este convenio les permite actuar antes de que se tomen decisiones externas que pueden afectar su operativa.
La efectividad de este acuerdo dependerá del seguimiento, la transparencia y la voluntad de avanzar aún más si es necesario. Los próximos meses serán clave para determinar si este esfuerzo se traducirá en resultados concretos. Es un hecho: el gobierno ha comenzado a actuar en un frente que ha sido ignorado durante demasiado tiempo.
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