La era de las “pensiones doradas” podría llegar a su fin en México. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, está impulsando una reforma al artículo 127 de la Constitución que busca eliminar las pensiones exorbitantes que han disfrutado durante años algunos exfuncionarios de alto rango. Esta iniciativa no solo promete un ahorro significativo, sino que también es un paso hacia la igualdad en el acceso a beneficios públicos.
La propuesta, que será enviada a la Cámara de Senadores, establece un límite máximo de 70 mil pesos mensuales para las pensiones de extrabajadores de confianza que laboraron en entidades públicas, organismos descentralizados y empresas del estado. Se estima que la implementación de esta reforma podría generar un ahorro de 5,000 millones de pesos, recursos que se destinarían a programas de bienestar social.
En el contexto de este cambio, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, expuso en una conferencia los impactantes datos sobre las pensiones que actualmente reciben algunos exfuncionarios. Por ejemplo, el padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación revela que 14,073 ex trabajadores reciben anualmente 28,074 millones de pesos, con más de 9,457 exfuncionarios recibiendo entre 100 mil y un millón de pesos mensuales.
La situación no es exclusiva de Luz y Fuerza; en Petróleos Mexicanos (Pemex) hay 544 pensionados que también superan el sueldo de la presidenta, con un costo anual de 1,827 millones de pesos. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2,199 personas pensionadas perciben montos superiores a lo que gana Sheinbaum, sumando un total de 4,496 millones de pesos anuales.
Ante esto, la presidenta ha destacado que esta reforma no tendrá efectos retroactivos. Es decir, quienes actualmente reciben montos elevados podrán seguir disfrutando de ellos, pero las nuevas reglas limitarán significativamente las futuras pensiones, estableciendo que las pensiones estarán relacionadas con el salario del titular del Ejecutivo.
El principio detrás de esta reforma, según la consejera jurídica de Presidencia, Estela Damián, gira en torno a la austeridad republicana y la responsabilidad financiera. Sin embargo, la iniciativa requerirá el análisis, discusión y aprobación de las cámaras legislativas, lo que podría llevar tiempo.
La eliminación de estos “privilegios” es un mensaje claro de que la moderación y la austeridad estarán en el centro de la política pública, buscando menor desigualdad en el sistema de pensiones, que ha sido objeto de críticas por su falta de equidad.
Así, los exfuncionarios que han disfrutado de pensiones generosas podrían verse obligados a adaptarse a un nuevo paradigma financiero, donde el enfoque estará en la justicia social y la distribución equitativa de los recursos públicos. Una transformación que, si se aprueba, podría resonar fuertemente en la percepción pública sobre el gasto gubernamental y la prioridad de las políticas de bienestar social.
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