En Estados Unidos no hacen falta esquiroles para reventar una huelga. Reemplazar permanentemente —eufemismo innecesario— a trabajadores que paran en demanda de aumentos salariales o beneficios laborales es legal. Cuando a principios de diciembre Kellogg’s amagó con hacerlo para poner fin a dos meses de huelga en sus cuatro plantas, después de que 1.400 trabajadores se negaran a firmar un acuerdo que consideraban insuficiente, no contaba con la respuesta de Joe Biden. “Me preocupa seriamente el intento de sustituir permanentemente a los huelguistas”, dijo el presidente en un comunicado; “es un ataque existencial a los sindicatos y al trabajo y el medio de vida de sus miembros”. La empresa claudicó días después con una subida salarial del 3%. Vuelta al tajo.
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La historia del gigante de los cereales puede servir de moraleja para cerrar el año más agitado, laboralmente hablando, de un país donde la afiliación sindical apenas llega al 11%. Con la pandemia como detonante, millones de trabajadores se han declarado en rebeldía: bien abandonando en masa sus puestos de trabajo, en lo que se conoce como la Gran Dimisión, bien movilizándose u organizándose en sus empresas. Sin distinción de rangos o cualificación: protestan obreros de plantas de procesamiento de alimentos, conductores y carpinteros; técnicos de Hollywood, profesores auxiliares de universidad y esa tercera categoría alumbrada por la emergencia sanitaria, la de los trabajadores esenciales. Bajo el paraguas o, en su mayor parte, al margen de sindicatos. El país no experimentaba tal movilización desde 1970-1971, circunscrita entonces a trabajadores de cuello azul (obreros), y en su mayoría sindicados.
Los tímidos intentos de sindicación por parte de trabajadores del gigante Amazon o la cadena de cafeterías Starbucks son la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio y profundo. La Junta Nacional de Relaciones Laborales, agencia federal independiente que protege los derechos de los trabajadores del sector privado, ha ordenado repetir la votación que los empleados de un almacén de Amazon en Alabama perdieron esta primavera, en lo que se interpretó como un revés definitivo al anhelo sindical de la plantilla de uno de los estandartes de la nueva economía.
El caso de Starbucks es más anecdótico
Sólo ha votado a favor de organizarse uno de los 9.000 locales de la cadena. Los 19 trabajadores -de un total de 27- de la cafetería de Buffalo alegaron para sindicarse la frustración acumulada por la escasez de personal y una formación insuficiente; problemas que acarreaba la empresa pero que la pandemia detonó. La escasez de mano de obra en sectores esenciales ha empoderado notablemente a los trabajadores, y la larga travesía del coronavirus ha acabado ejerciendo de partera de un nuevo modelo de relaciones laborales, aún por concretar, porque la efervescencia laboral no cesa.
Podría resultar definitoria para ese marco futuro la ley PRO (siglas en inglés de Proteger el Derecho a Organizarse), también conocida como ProAct, alentada por la Administración de Biden, aprobada por la Cámara de Representantes en marzo y atascada desde entonces en el Senado por la oposición republicana. La ley apoya la negociación colectiva, el derecho de los trabajadores a sindicarse y supone, según sus defensores, la mejora más significativa de los derechos laborales desde el New Deal de los años treinta. Si saliera adelante, la “sustitución permanente” de huelguistas dejaría de ser legal.
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