Tras la expropiación de una planta en México, la empresa Air Liquide busca una indemnización. Esta acción se produce después de que la compañía francesa de gases industriales sufriera la expropiación de su planta de “La Villa de Reyes” en San Luis Potosí, México. La expropiación se llevó a cabo en 2019 por parte del gobierno mexicano, lo que llevó a Air Liquide a buscar una compensación por parte de las autoridades mexicanas.
La disputa se ha llevado a instancias internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es parte del Banco Mundial. La empresa ha buscado una solución a través de este organismo, argumentando que la expropiación vulnera las protecciones otorgadas por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Air Liquide afirma que la expropiación de su planta en México ha tenido un impacto negativo en su negocio y en sus inversiones en el país. Según la empresa, la expropiación ha generado pérdidas significativas y ha afectado su confianza en el marco legal y regulatorio mexicano.
Por su parte, el gobierno mexicano ha defendido su actuación, argumentando que la expropiación tuvo como objetivo garantizar el suministro de oxígeno medicinal durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, Air Liquide insiste en que la expropiación fue injustificada y busca una compensación justa por los daños sufridos.
Esta disputa entre Air Liquide y el gobierno mexicano refleja la importancia de contar con un marco legal claro y protecciones para las inversiones internacionales. La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para el clima de inversiones en México y para futuras disputas entre empresas extranjeras y el gobierno mexicano.
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