El mundo del deporte se encuentra en alerta tras la reciente declaración de Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegui y propietario de los clubes Santos y Atlas, como “prófugo de la justicia” por las autoridades mexicanas. Esta situación se originó debido a su inasistencia a una audiencia judicial en Torreón, donde se investiga un caso de presunta defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado sus esfuerzos para localizar y detener al empresario, según reportes de medios nacionales.
El 20 de marzo de 2025, Irarragorri compareció de manera virtual en un procedimiento judicial, pero la jueza de control solicitó su presencia física para el 24 de marzo. Tras no presentarse, Karla Cecilia Marín, asistente de Registros del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, lo declaró “evadido de la justicia”, lo que llevó a emitir una orden de captura.
Los registros oficiales indican que en la audiencia a la que el empresario no acudió, se destacó que, aunque presentó un escrito intentando justificar su ausencia, la jueza consideró que las razones expuestas no fueron válidas para desatender una citación judicial. De este modo, se sustenta la acción legal de la jueza, citando el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la falta de presentación sin causa justificada puede considerarse como evasión de la acción legal.
Irarragorri, también conocido por su gestión en la Liga MX, enfrenta acusaciones de haber manipulando la situación fiscal para evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los salarios de sus jugadores entre enero y julio de 2017, según información de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
En medio de este tumulto legal, los representantes legales de Irarragorri han argumentado que la orden de aprehensión fue emitida sin seguir las formalidades necesarias del proceso y han interpuesto una demanda de amparo. Asimismo, el Club Santos ha emitido un comunicado en el cual defiende la postura de su presidente, detallando que la audiencia previa fue cancelada por decisión del juez y que el aviso de la nueva citación no se realizó conforme a los plazos legales establecidos.
En su comunicado, el Club Santos reitera que Irarragorri no fue formalmente apercibido y que su supuesta inasistencia no debería ser causa de medidas cautelares. Además, el club reclama que la interpretación de la norma fiscal debe resolverse por vías administrativas, no penales, y que están decididos a proteger sus derechos frente a cualquier maniobra judicial que consideren improcedente.
Así se presenta un escenario complicado y de alta tensión en el mundo del deporte mexicano, donde los conflictos legales y la administración de los clubes se entrelazan de maneras cada vez más complejas. Con un trasfondo de acusaciones y la búsqueda de justicia, los ojos estarán puestos no solo en la resolución de este caso, sino también en sus repercusiones en el fútbol nacional. La información aquí presentada corresponde a la fecha de publicación original, 25 de abril de 2025.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
