Su nombre ha estado en los titulares de las últimas semanas en todos los medios de comunicación colombianos, ligado a una de las peores crisis de legitimidad que ha vivido Columna Digital después de unos comicios electorales. Pocas veces una figura ha generado tanto consenso entre distintas fuerzas políticas a la hora de pedir su renuncia. El registrador Alexander Vega Rocha, un hombre de 42 años, sigue en el vórtice de la polémica por las irregularidades en las votaciones y las denuncias de fraude electoral. Y, sin embargo, él se siente un ganador.
Salir vencedor en medio de denuncias gracias a sus buenas relaciones con congresistas y jueces ha sido el patrón en su ascenso profesional, según varias fuentes consultadas. Abogado de la Universidad Libre de Bogotá, fue personero de Chía, un municipio cercano a la capital, asesor de asuntos electorales por corto tiempo y rápidamente, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). En 2019 se estrenó como registrador nacional. Según su propia biografía, “es uno de los registradores más jóvenes en la historia”.
En medio de las dudas en el proceso electoral del 13 de marzo, Vega se sumó a la petición del presidente Iván Duque de recontar los votos, algo no solo inédito en Colombia, sino de gran calado de cara a la primera vuelta presidencial. Pero horas después se retractó. “No me siento derrotado, me siento ganador que la mayoría de los partidos no acepte mi solicitud”, dijo Vega a quien este diario buscó entrevistar. Al cierre de este artículo, no había respondido.
La desconfianza sobre el proceso electoral quedó sembrada. “Es un pirómano, no le importa hacerle un mandado al Gobierno. ¿Cómo plantea un recuento de votos, lanza ese globo al aire y no pasa nada?. Es un personaje que no brinda confianza”, dijo el ex magistrado del CNE, Álvaro Novoa, que lo conoció a su paso por el órgano electoral, integrado por personas postuladas por los distintos partidos.
Vega, nacido en Miraflores, en el departamento del Guaviare, se candidatizó a este organismo de la mano del partido de La U y políticos de la costa caribe conocidos como Los Ñoños (los exsenadores Bernardo Elías y Musa Besaile), ambos condenados. Uno por corrupción en el caso de Odebrecht y el otro por el pago de un soborno para detener una orden de captura en su contra. Con Elías, según una fuente, seguía en contacto mientras era magistrado del Consejo Nacional Electoral. En enero de 2018, la magistrada del CNE, Ángela Hernández, dijo que encontraron llamadas telefónicas entre Vega y Otto Bula, otro exsenador condenado por el escándalo de Odebretch; pero Vega se defendió diciendo que no era con Bula sino con uno de los Ñoños con quien había tenido comunicación telefónica.
La historia familiar de Vega también es llamativa. El portal de investigación Cuestión Pública reveló que el padre del registrador, Campo Elías Vega Goyeneche, fue condenado por compra de votos en Vaupés. “El padre del registrador cayó ante la justicia porque en el sistema de compra de votos él fungía como el pagador y de esto quedaron comprobantes como prueba”, escribió la periodista Diana Salinas.
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En 2014, mientras se postulaba a ese importante cargo, se hacía pública otra grave denuncia: el candidato al Senado, Andrés Guerra, escribió en sus redes que cuatro años atrás, Vega, siendo magistrado del CNE le pidió 1.200 millones de pesos (316.000 dólares actuales) para ayudarle a recuperar su curul en el Senado. El actual registrador negó esa supuesta extorsión.
Ariel Ávila, hoy senador por la Alianza Verde, alertó en varias oportunidades sobre Vega. “Una vez allí (en el CNE), influyó en sentencias muy polémicas en diferentes casos, además se caracterizaba por regalar flores, serenatas, y diversos materiales lujosos a sus compañeros y magistrados del Consejo de Estado”, escribió y recordó a este diario.
Ninguno de esos escándalos hicieron mella en su postulación como Registrador Nacional. Vega ganó entre 54 aspirantes al cargo, pero no sin controversia. Camilo Enciso, del Instituto Anticorrupción demandó precisamente la elección de Vega como Registrador. Argumentó que no solo se cambiaron las normas según las cuales la entrevista daba más puntaje que la trayectoria y, de esa manera Vega ganó el puesto; sino que, además, horas antes de la entrevista se modificó el lugar de la misma.
Pocas personas se refieren a Vega en buenos términos y más, desde la debacle de la semana posterior a las elecciones. “Esto es lo que pasa cuando un politiquero de siete suelas se toma la Registraduría. La espina dorsal del sistema electoral al servicio de mafias electorales. Para completar, hace 2 años demandamos elección de Vega. Pero el Consejo de Estado aún no resuelve”, escribió Enciso. Se espera que en los próximos días y, en plena vorágine por las inconsistencias, ese tribunal falle el caso. Pero ese, el de la impunidad, es otro de los patrones que mencionan varias fuentes en relación con el registrador. “Nada pasa porque es muy hábil en sus relaciones y manipulando con contrataciones”, dice otra fuente.
Si su elección ha causado polémica, sus decisiones han generado otras denuncias. El despido de funcionarios y la contratación de empresas de forma directa han causado suspicacias. Oscar Maya, que había sido registrador departamental durante doce años y era funcionario de carrera (por concurso de méritos) fue destituido por Vega. De acuerdo con Maya, que lo demandó ante la Fiscalía por prevaricato por acción, fueron 398 los funcionarios destituidos para poner en su reemplazo a amigos suyos.
“Despidió a tantos y tantos funcionarios para complacer a los poderosos de todos los pelambres, que no le importó hacer las elecciones con muchísimos funcionarios sin experiencia, por eso, no se capacitó adecuadamente a los jurados de votación”, dice Maya. “El Registrador, que irresponsablemente se siente un ganador, con su actuar le ha dado un golpe mortal a una institución que necesita de toda la confianza para su supervivencia”, agrega.
A pesar de todas esas denuncias públicas, en 2021 el presidente Iván Duque lo nombró como “el mejor funcionario público del país”.
Las críticas le llueven desde todos los flancos. El expresidente Andrés Pastrana, que ha azuzado la idea de fraude a favor de la izquierda, puso una queja ante la Procuraduría porque Vega no le ha respondido una petición de información sobre su relación con Indra, la empresa española que diseñó el software para el escrutinio. El contrato con la multinacional se cerró de forma directa a finales de diciembre de 2021 por 27.000 millones de pesos.
Nadie se atreve a sentenciar cómo la historia de Vega y sus decisiones afectarán las próximas elecciones. Pero todos coinciden en que el peligro es latente. “La posibilidad de fraude en las presidenciales está más apalancada en la compraventa de votos o en la financiación ilegal de las campañas, pero si hay una votación muy apretada, esas grietas que vimos en los últimos días pueden volverse un problema de marca mayor”, asegura el exmagistrado Armando Novoa.
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