La libertad de expresión, un pilar fundamental de las democracias, enfrenta desafíos críticos en un entorno global cada vez más autoritario y polarizado. Recientemente, especialistas en derechos humanos advirtieron sobre los riesgos asociados a la regulación de este derecho en un conversatorio titulado “El futuro de la libertad de expresión”. Expertos de la ONU y la CIDH subrayaron que la creación de mecanismos para el derecho a las audiencias podría desembocar en una sobrerregulación, amenazando así la esencia de la libertad de expresión.
Leopoldo Maldonado, relator especial para la Libertad de Expresión de la ONU, advirtió sobre la tentación de regular y la complejidad de decidir sobre qué y cómo regular. En un mundo donde se discute quién puede hablar y qué se puede decir, se abre un campo de disputa sobre el sentido mismo de la libertad de expresión. Manipulaciones ideológicas y económicas en la información han creado un paisaje de polarización que exige atención.
Este escenario se exacerba a medida que el control de la conversación pública se concentra en manos de corporaciones tecnológicas globales, que determinan lo que se dice y cómo se presenta a la sociedad. La captura de instituciones y la erosión de los contrapesos a las voces críticas son otros retos que han complicado la situación de la libertad de expresión durante los últimos 50 años.
Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abordó el peligro potencial de sobrerregular este derecho esencial. “La libertad de expresión es un derecho catalizador de poderes”, enfatizó, y añadió que aunque existen facultades de regulación permitidas, un enfoque de sobre-regulación podría asfixiarlo.
Vaca también destacó que el chequeo de información es fundamental en la lucha contra la desinformación. Sin embargo, la intervención gubernamental en este proceso no es constructiva, ya que el gobierno se convierte en una parte interesada en el debate. Arreglos que dependen del Estado podrían ser entrampados por intereses políticos, planteando la pregunta de quién determinará qué es desinformación.
El diálogo también tocó la obligación del Estado de fomentar un entorno inclusivo para todas las voces, en lugar de actuar como censor. Mariana Calderón, directora General del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, subrayó cómo la censura se ha instalado de manera indirecta a través de litigios y regulaciones que limitan el debate. En lugar de regular la conversación, el enfoque debería estar en ampliar el acceso a la información y promover una diversidad de opiniones.
Así, el llamado es claro: en vez de restringir, es imperativo fomentar un entorno donde se escuchen diferentes puntos de vista y se enfrenten ideas divergentes. La ironía radica en que se busca proteger el derecho a la audiencia mientras, paradójicamente, se consideran restricciones a la libertad de expresión como solución.
A medida que avanzamos en este debate, queda claro que la salud de nuestras democracias depende de la fortaleza y la protección de la libertad de expresión en todas sus formas. La manera en que el Estado, los medios y la sociedad civil interactúan para preservar este derecho será determinante para el futuro de nuestras democracias.
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