En el contexto global actual, la libertad de expresión enfrenta amenazas considerables, especialmente en sociedades donde el autoritarismo y la polarización aumentan. Especialistas en derechos humanos, incluyendo relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han advertido sobre la posibilidad de que cualquier intento de regular este derecho fundamental lleve a su asfixia, complicado por el predominio de intereses políticos y económicos.
Durante un reciente conversatorio titulado “El futuro de la libertad de expresión”, se discutieron los riesgos inherentes a la creación de mecanismos relacionados con el derecho a las audiencias. Leopoldo Maldonado, nuevo relator especial para la Libertad de Expresión de la ONU, destacó que la regulación puede ser atractiva, pero plantea interrogantes cruciales sobre cómo y sobre qué se regula. En un panorama donde las democracias consolidadas están debatiendo qué se puede y no se puede decir, también se plantea una pregunta más profunda: quién tiene la autorización para hablar.
Asimismo, Maldonado subrayó que estamos en medio de una lucha por el sentido de la libertad de expresión, donde la manipulación de la información basada en ideologías y agendas particulares se vuelve común. En su opinión, la situación actual de la libertad de expresión es más crítica que en los últimos 50 años, y esto se asocia con el deterioro de instituciones democráticas y la concentración de poder en manos de corporaciones tecnológicas que moldean el discurso público a través de algoritmos.
Pedro Vaca, relator especial de la CIDH, también expresó su preocupación por la posibilidad de sobrerregular la libertad de expresión. Resaltó que, aunque existe un espacio para la regulación, la intervención excesiva puede socavar este derecho esencial. En este sentido, destacó la importancia del chequeo de información en la lucha contra la desinformación, mientras advirtió que un sistema donde el gobierno ejerce control sobre el contenido es problemático. Esta intervención, según Vaca, es arriesgada dado que plantea dudas sobre quién determinará la veracidad de la información y qué criterios se utilizarán para ello.
Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, complementó estas preocupaciones. Habló sobre el uso de mecanismos indirectos de censura que limitan el debate público, tales como litigios y regulaciones que inhiben la libre expresión. Calderón argumentó que, en lugar de intentar regular la conversación, el Estado debería enfocarse en abrir más espacios para el intercambio de ideas y fomentar la diversidad de opiniones. En su visión, la clave radica en promover un entorno donde las diferencias puedan ser escuchadas y confrontadas de manera saludable.
En conclusión, la discusión sobre la libertad de expresión no solo es sobre la regulación, sino sobre cómo fortalecer la comunicación en nuestras sociedades. A medida que se enfrenta a desafíos sin precedentes, es crucial que los esfuerzos se centren en crear un ambiente donde la diversidad de pensamiento sea no solo tolerada, sino celebrada. La respuesta a los déficits en la calidad del debate público no debe ser la restricción, sino la promoción de un discurso más amplio y accesible, donde cada voz pueda contribuir al diálogo colectivo.
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