Por donde se mire hay motivos para preocuparse: ataques a la independencia judicial, represión policial, amenazas a la libertad de prensa. América Latina se enfrenta a los mayores desafíos en materia de derechos humanos en décadas, según advierte Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado este jueves, en el que repasa las situaciones más graves que se viven en 100 países y dedica un capítulo especial a la región.
“El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, señala en el documento Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW. La investigadora menciona la crisis migratoria que atraviesa la región, impulsada, en parte, por mandatarios que han pretendido estar por encima de la democracia. “Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”, apunta Taraciuk Broner.
El año que acaba de terminar puso a prueba los sistemas democráticos de la región con varias jornadas electorales. HRW destaca algunos procesos que no cumplieron con un mínimo de garantías. El organismo internacional pone los ojos sobre Nicaragua y sus elecciones del pasado noviembre, que terminaron en un nuevo mandato de Ortega. “De cara a los comicios, el Gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, y mantuvo a muchos de ellos incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses. Estas detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen encarceladas arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos que inició en 2018“, señala el informe.
Las detenciones arbitrarias no son una práctica exclusiva de Nicaragua. HRW también señala lo ocurrido en Cuba, donde el Gobierno respondió a las protestas pacíficas de sus ciudadanos con procesos penales abusivos. Más de 1.000 personas fueron arrestadas sin pruebas de haber cometido algún delito. La organización también condena los maltratos físicos y la persecución que ha llevado al exilio, entre otros, a artistas que han sido críticos con el régimen cubano.
En Colombia, la represión policial a las protestas costó vidas. De las 46 muertes verificadas por la ONU durante el estallido social de 2021, en al menos 28 los responsables fueron agentes de la Policía. Según la organización de derechos humanos, en Colombia —así como Chile, Ecuador y Perú, donde la policía ha agredido a los manifestantes— aún no ha habido justicia para las víctimas ni reformas sustanciales en los cuerpos policiales. La violencia que se vivió en ciudades como Cali dejó decenas de familias incompletas, madres que siguen llorando a sus hijos — jóvenes de entre 17 y 26 años— y exigiendo justicia.
Frenar el asesinato de líderes sociales es otro de los reclamos que el Gobierno colombiano no ha podido resolver. Más 450 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016, cuando se firmó el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. “La violencia y los abusos por parte de grupos armados, que incluyen asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, se agudizaron en zonas remotas donde la presencia de instituciones públicas civiles y las oportunidades económicas son escasas”.
HRW también pone la mirada sobre Venezuela, que terminó el año bajo investigación de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Gobierno de Nicolás Maduro, al que además se le cuestiona lo poco transparente que siguen siendo las elecciones en ese país. “La misión electoral independiente de la Unión Europea, que observó las elecciones regionales de noviembre, informó que algunos opositores políticos seguían inhabilitados de forma arbitraria para postularse a cargos públicos, que hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, y que la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían afectado la transparencia e imparcialidad de las elecciones”, advierte HRW.
La situación política de Venezuela se suma a la profunda crisis migratoria. Millones de venezolanos siguen atravesando la región empujados sobre todo por la pobreza. El Programa Mundial de Alimentos estima que uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. “Más de seis millones de venezolanos han huido del país. Muchos de ellos tienen dificultades para obtener estatus legal en los países de acogida y enfrentan deportaciones arbitrarias, xenofobia y abusos por parte de funcionarios de migración”, de acuerdo con el documento.
La migración atraviesa todo el continente. Más de 110.000 nicaragüenses han huido de su país desde 2018. “Cientos de miles de personas huyen del triángulo norte de Centroamérica cada año. Muchos de los que huyen en busca de protección transitan por México, donde sufren violencia, discriminación y abusos por parte de grupos criminales y autoridades mexicanos”, informa HRW.
En El Salvador los ciudadanos siguen migrando para huir de las pandillas y de las arbitrariedades del Gobierno. El presidente Nayib Bukele y sus fichas en la legislatura reemplazaron a los magistrados de la Corte Suprema con quienes no tenían simpatía y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces. “Los nuevos magistrados designados a la Corte Suprema resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección consecutiva, a pesar de una disposición constitucional que lo prohíbe. El Gobierno también propuso una ley de ‘agentes extranjeros’ que, de ser aprobada, podría limitar gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil”, advierte HRW.
Los ataques a la prensa en América Latina son motivo de preocupación para el organismo de derechos humanos. “El presidente [de México] Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos”, señala el informe, que pone en la misma línea al Gobierno de Guatemala, que, dice HRW, ha arremetido en los últimos meses contra los medios de comunicación e impuso restricciones al acceso a la información sobre la pandemia. La crisis del coronavirus puso a prueba a los sistemas de salud y a los mandatarios. En Brasil, Bolsonaro hizo todo lo contrario a lo que se espera de un presidente y, a pesar del riesgo que suponía su discurso, se fue contra la ciencia. “Hizo caso omiso de las recomendaciones científicas, difundió información falsa y promovió tratamientos contra el virus sin eficacia comprobada”, enumera el informe.
En Haití se atraviesan todas las crisis. “La pandemia y la crisis económica asociada a ella, el homicidio del presidente Jovenel Moïse y un terremoto de magnitud 7,2 exacerbaron la inestabilidad política que ya atravesaba Haití, así como la violencia que ejercen las pandillas, que muchas veces tienen nexos con actores estatales”, dice HRW. Hace apenas unos días, el primer ministro, Ariel Henry, denunció un atentado en su contra. La tensión que se vive en Haití ha estado acompañada de revelaciones de la prensa sobre los posibles vínculos de Henry con un sospechoso del asesinato de Moïse.
Según una investigación de The New York Times, el primer ministro mantuvo comunicación con Joseph Felix Badio, un exfuncionario del Ministerio de Justicia, señalado de organizar el asesinato del presidente Moïse. Mientras el primer ministro hace frente a las acusaciones en su contra, en el país vive bajo el control de las pandillas, que la última semana mataron a tiros a dos periodistas.
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