Perdón y dinero. El tercer y último acto de contrición simbólica de Andrés Manuel López Obrador por los abusos pasados del Estado mexicano ha llegado también con un plan de inversión bajo el brazo. Más de 500 millones de dólares para apuntalar con políticas públicas el gesto de reconciliación y justicia con el pueblo yaqui. El presidente ha culminado este martes en la comunidad de Vicam, en el sur de Sonora, su gira por los territorios más estigmatizados del país, enmarcada en los actos de conmemoración por la doble efeméride de este año: la caída de Tenochtitlan y la independencia.
Ante las autoridades tradicionales de las ocho tribus yaqui y con el tono solemne y ceremonial que tan bien domina, López Obrador condenó “las guerras de exterminio” emprendidas durante el Porfiriato y lanzó una analogía de aquellas campañas de represión que costaron la vida a miles de indígenas con los sucesos de la colonización. “Fueron una segunda Conquista, no menos cruel e inhumana”, y justificada también por “una concepción racista que permaneció desde la llegada de los invasores españoles”.
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En su repaso histórico, recordó las intervenciones militares contra las comunidades yaquis, seris y mayas de Sonora, el expolio de sus tierras, bosques y ríos, así como el masivo desplazamiento forzado hacia la otra costa del país para aquellos que “no quisieran convertirse en peones o trabajadores de las empresas privadas”. También reconoció los abusos cometidos por los Gobiernos posrevolucionarios y prácticamente solo salvó de la quema a Francisco I. Madero, “el apóstol de la democracia”, y a Lázaro Cardenas, “el justo y patriota general”, dos de sus figuras totémicas de las que se siente heredero y continuador.
No hubo mención explícita, sin embargo, para la crisis de seguridad que vive la región en los últimos años. El lunes, un día antes de la visita del presidente, fueron identificados los restos de cinco hombres de una comunidad yaqui que habían desparecido en julio, ahondando en la crecida de violencia que azota a uno de los focos más rojos de la violencia del narcotráfico. Durante las elecciones de junio, uno de los candidatos municipales fue acribillado a tiros en plena calle. En junio, dos líderes comunitarios yaquis fueron también asesinados en la zona.
Los dos activistas, Tomás Rojo y Luis Urbano, con un enorme arraigo e influencia en la comunidad, fueron recordados por Cuauhtémoc Cárdenas, también invitado al acto. El histórico líder de la izquierda tradicional, hijo del general y presidente mexicano, enfatizó que “sus asesinatos no pueden quedar impunes”, además de subrayar el mayor caballo de batalla de la resistencia yaqui durante los últimos años: el Acueducto de la Independencia, levantado por los Gobiernos panistas de la década de los 2000 para extraer agua de uno de los embalses que abastecen a los yaquis y llevarla a Hermosillo, la capital del Estado. Pese a las sentencias judiciales en contra de la obra, el acueducto sigue activo provocando un empeoramiento de las duras condiciones de sequía de un territorio semidesértico. Las campañas de protesta han derivado en enfrentamientos y reclamaciones constantes y han llegado a provocar el encarcelamiento de algunos de sus líderes.
El acuerdo firmado este martes, el llamado Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, se venía negociando desde hace dos años y ha sido aprobado por unanimidad por la junta de gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como por los gobernantes tradicionales de los ocho tribus de la comunidad. Las líneas generales del acuerdo, que se irá implantando progresivamente, incluyen la cesión de hasta 20.000 hectáreas de tierras, el derecho al agua, así como acciones para el desarrollo social en salud y educación. Un prolongacióna de lo acordado en su momento por Lázaro Cardenas, que en 1940 firmó un decreto que reconocía ciertos derechos a la comunidad sobre el territorio, como una cuota del 50% del agua existente en el caudal del dicho río que lleva su mismo nombre. “Los décadas posteriores a aquel acuerdo se vivió una simulación y una hipocresía por parte de los Gobiernos de México. A partir de ahora no se debe permitir el abuso a marginación de ningún grupo étnico o cultural en nuestro país”, cerró López Obrador.
