Amnistía Internacional alerta sobre muertes en prisiones salvadoreñas.

Cientos de personas han muerto en prisión y más de 90,000 han sido detenidas arbitrariamente en El Salvador, bajo un régimen de excepción asociado a la guerra antipandillas. Estas alarmantes cifras, presentadas por Amnistía Internacional, indican que muchas de estas muertes podrían ser consideradas “crímenes de lesa humanidad”.

Desde la instauración del estado de excepción en 2022, el presidente Nayib Bukele ha manejado amplios poderes que le permiten realizar detenciones sin orden judicial. Según el informe titulado “Seguridad sin derechos”, hasta diciembre del año pasado se habían documentado al menos 470 muertes en centros de detención. Llama la atención que, en varios de esos casos, las muertes no se corresponden con las causas oficiales y hay indicios de violencia y negligencia médica.

Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional, enfatizó que la mayoría de las personas fallecidas ni siquiera habían sido condenadas. Esta situación provoca un sentido de total incertidumbre y desesperación, ya que hay madres que han buscado a sus hijos en distintas cárceles sin obtener respuestas claras sobre su paradero. Además, muchas familias han recibido a sus seres queridos fallecidos sin una explicación coherente sobre las circunstancias que llevaron a su muerte.

El informe también destaca que las detenciones masivas, junto a denuncias de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, no son eventos aislados, sino parte de un patrón sistemático que podría encuadrarse en la definición de crímenes de lesa humanidad. Este panorama sombrío ha llevado a un grupo de juristas internacionales a acusar al gobierno de Bukele de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y desapariciones.

A pesar de que la estrategia de Bukele ha logrado reducir la violencia a niveles históricos, convirtiéndolo en uno de los líderes más populares de Latinoamérica, su enfoque ha generado críticas severas. La construcción de una megaprisión para pandilleros y la consolidación de poder en sus manos también han permitido la instauración de la reelección indefinida en 2025.

A medida que se acercan las elecciones de febrero próximo, la situación de los derechos humanos en El Salvador continúa siendo motivo de preocupación. La presión internacional y las voces que claman por justicia y protección de los derechos fundamentales aumentan, mientras el país enfrenta un dilema entre seguridad y respeto a la dignidad humana.

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