De acuerdo con un informe reciente de Amnistía Internacional, se ha revelado una alarmante situación para las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en México. Desde febrero de 2011 hasta mayo de 2025, al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados, un suceso devastador que refleja el alto riesgo asociado con la labor de búsqueda en un país donde más de 128,000 personas están desaparecidas o no localizadas. Entre las víctimas, se encuentran 16 mujeres, incluyendo madres, hermanas, esposas y una activista, lo que subraya el peligro que enfrentan quienes alzan la voz en esta lucha.
El año 2022 se destacó como el más letal para estas buscadoras, con seis asesinatos documentados. Las entidades más afectadas incluyen Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Sonora, donde muchas de estas tragedias ocurrieron dentro del contexto de las actividades de búsqueda, tras recibir amenazas o en el momento de hacer descubrimientos dolorosos, como fosas clandestinas.
El informe también hace eco de historias desgarradoras. En casos como el de Rosario Zavala, los asesinos dejaron mensajes intimidatorios junto a los cuerpos, mientras que Rosario Lilian Rodríguez Barraza fue asesinada poco después de participar en una misa en memoria de su hijo desaparecido.
Además, un cuestionario aplicado a 661 mujeres revela que un abrumador 97% ha enfrentado alguna forma de violencia vinculada a sus labores. Los efectos psicológicos son devastadores: la depresión afecta al 73% y el insomnio al 72%, y muchas sufren deterioro de salud física o mental. Agresiones directas también son una constante: el 14% ha sido víctima de ataques físicos, y un preocupante 39% ha enfrentado extorsión.
Lamentablemente, solo el 17% de las mujeres buscadoras ha reportado los actos de violencia sufridos, debido al miedo a represalias, la desconfianza en un sistema judicial coludido con el crimen organizado y la falta de un sistema de protección efectivo. Esta vulnerabilidad se agrava, en particular, para mujeres indígenas y familias de migrantes desaparecidos, quienes enfrentan aún más obstáculos para acceder a la justicia. Por otro lado, buscadoras extranjeras se ven imposibilitadas de presentar denuncias debido a la falta de una visa humanitaria.
El informe también pone de relieve la inacción de las autoridades mexicanas, que muchas veces replican formas de violencia institucional en lugar de ofrecer protección efectiva. Ante esta cruda realidad, Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano para que reconozca y garantice el derecho a la búsqueda sin discriminación ni represalias. Se aboga por la incorporación de enfoques interseccionales y de género en las políticas públicas, así como por un compromiso real para poner fin a la impunidad en las desapariciones y en las agresiones a quienes luchan por la verdad.
A pesar de los graves riesgos que afrontan, las mujeres buscadoras continúan realizando una labor crucial en la defensa de derechos humanos. Muchas de ellas encuentran fuerza y sororidad en otras familias que atraviesan por situaciones similares, demostrando una resiliencia admirable en un entorno adverso. Esta digna lucha en favor de la justicia y la verdad exige una respuesta contundente y efectiva del Estado mexicano para garantizar su seguridad y derechos.
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