El reciente informe de Amnistía Internacional expone una realidad desgarradora que enfrentan las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos en México. Desde febrero de 2011 hasta mayo de 2025, al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados, un alarmante 53% de los cuales eran mujeres. Esta cifra incluye a once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista, reflejando el extraordinario riesgo que corren quienes alzan la voz en un contexto donde más de 128,000 personas están desaparecidas o no localizadas.
El año 2022 se destacó como el más letal para estas buscadoras, registrando seis asesinatos en estados como Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Sonora. Los homicidios, frecuentemente ocurren en el marco de labores de búsqueda, a menudo después de que las víctimas denunciaron amenazas o realizaron descubrimientos fundamentales, como fosas clandestinas.
Particularmente conmovedor es el caso de Rosario Zavala, donde los delincuentes dejaron mensajes intimidatorios junto al cuerpo, o el de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, quien fue asesinada tras participar en actividades de memoria dedicadas a su hijo desaparecido.
Amnistía Internacional también aplicó un cuestionario a 661 mujeres, revelando que un abrumador 97% ha enfrentado cierta forma de violencia en sus labores de búsqueda. Entre las afectaciones más comunes se encuentran la depresión (73%), el insomnio (72%) y el deterioro de la salud física o mental (70%). Además, un 14% reportó haber sido víctima de ataques físicos, con un 10% que mencionó tortura y un 6% secuestro.
Las amenazas han sido constantes: el 45% de estas mujeres hizo eco de haber recibido amenazas, y una de cada cuatro ha experimentado acoso por parte de autoridades. En este contexto, el 39% también denunció extorsiones relacionadas con personas que prometen información o liberación de sus familiares a cambio de dinero.
Un 17% de las mujeres buscadoras intentó denunciar estos actos de violencia o solicitar servicios, aunque muchas temen represalias, creen que los funcionarios están coludidos con el crimen organizado y sienten que no existe un sistema de protección efectivo.
La situación es aún más compleja para las mujeres indígenas y aquellas que buscan a migrantes desaparecidos, quienes enfrentan obstáculos adicionales para acceder a la justicia. Las buscadoras extranjeras se ven impedidas de ingresar al país debido a la falta de visas humanitarias, lo que complica su capacidad para presentar denuncias o involucrarse en los procesos.
El informe también resalta la ineficacia de las medidas de protección ofrecidas por el Estado mexicano, evidenciando que en muchos casos las autoridades replican formas de violencia institucional.
Ante esta realidad, Amnistía Internacional solicita al Estado mexicano que reconozca y garantice el derecho a buscar a los desaparecidos sin discriminación ni represalias. Se demanda la inclusión de enfoques interseccionales y de género en las políticas públicas, así como una real voluntad institucional para acabar con la impunidad que rodea tanto a las desapariciones como a las agresiones a quienes luchan por la verdad.
Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, subraya la labor esencial de las mujeres buscadoras en defensa de los derechos humanos, a pesar del contexto hostil y traumático en el que operan, reafirmando su compromiso con aquellos que comparten su sufrimiento.
Informarse sobre estas violencias es fundamental para sensibilizar a la sociedad y exigir acciones concretas que protejan a quienes buscan justicia en medio de la inseguridad y la desprotección estatal. La información presentada proviene de datos disponibles hasta el 9 de julio de 2025.
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