Pedro Castillo ha nombrado este martes primer ministro a Aníbal Torres, el abogado que dirigió después de las elecciones la estrategia con la que el maestro rural rebatió las acusaciones de fraude electoral que le lanzó su rival, Keiko Fujimori. Se trata del cuarto primer ministro en 194 días de mandato, todo un récord en la democracia peruana. Frente a los grandes bufetes de abogados que prepararon los recursos para Fujimori, el presidente de Perú contó entonces con juristas como Torres, un exdecano de Derecho de formación sólida con un marcado interés por la justicia social. Tras la designación errática del anterior en el cargo, un funcionario acusado de violencia de género, el nombramiento de Torres tiene cierta lógica política y parece guardar detrás una estratégica.
El anterior Gabinete, al mando de Héctor Valer, se había formado por las concesiones a pequeños grupos de poder en el Congreso. El invento no funcionó. Castillo buscaba evitar las maniobras en la Cámara para destituirle, el destino fatal de otros dos presidentes en los últimos cinco años. La designación de Torres guarda coherencia con la trayectoria del profesor rural de la sierra, que salió casi de la nada hace un año para alzarse con la victoria en las elecciones.
El anterior intento de darle consistencia a un Gobierno a la deriva no funcionó, fue un fiasco. El miércoles, un día después de su juramentación, la prensa reveló que Valer agredió a su esposa e hija en 2016 y que un juez otorgó a la cónyuge medidas de protección en 2017. El funcionario lo negó y echó más leña al escándalo y el rechazo. El viernes, Castillo anunció en un mensaje a la nación la recomposición del Gabinete, sin embargo, no dijo una palabra sobre la condición de agresor de Valer, quien cuenta con otras 15 investigaciones fiscales por otros delitos. Tampoco hizo un mea culpa por haber, nuevamente, elegido mal a un alto cargo.
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