Antiquario de Connecticut se declara culpable en robo de 2,1 millones.

Un comerciante de antigüedades de Connecticut se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero, en un caso que ha captado la atención de la comunidad. David L. Johnson, de 66 años y residente de Greenwich, gestionaba negocios en Stamford, denominados Antique Treasures y Greenwich Auction. Las autoridades afirman que su participación en el esquema de defraudación se extendió de noviembre de 2018 hasta abril de 2023 y que los fondos involucrados ascendieron a aproximadamente 2.1 millones de dólares.

El gobierno alega que Johnson actuó bajo un poder notarial sobre un individuo anciano y adinerado identificado como “W.L.”, quien necesitaba atención médica especializada. A pesar de contar con el poder de controlar los activos de W.L., el acuerdo legal estipulaba claramente que no debía beneficiarse en ningún sentido de la propiedad de W.L. Este arreglo fue establecido previamente a la muerte de W.L., ocurrida en agosto de 2020.

Johnson admitió haber cometido un fraude grave al cobrar un cheque de reembolso de impuestos federales de más de 436,000 dólares emitido a la herencia de W.L. en octubre de 2020, solo meses después del fallecimiento de este. Allegadamente, depositó dicho cheque en su cuenta personal y, en un movimiento posterior, adquirió un cheque de caja por 87,580 dólares destinado a Fidelity Investments. Estas transacciones fueron clasificadas como comercio interestatal, en un intento de ocultar la naturaleza y fuente de los fondos robados.

Un informe de la acusación muestra que Johnson también fue acusado de transportar propiedades robadas a través de las líneas estatales, además de realizar transacciones monetarias criminales. En total, se le imputa la venta de valores y obras de arte pertenecientes a W.L., generando ingresos que fueron depositados en la cuenta de su negocio.

La sentencia se programó para el 30 de octubre, y el acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, además de multas que pueden alcanzar los 4.3 millones de dólares. En una nota positiva, se informó que Johnson ya ha restituido 1.1 millones de dólares como parte de su proceso de culpabilidad. Mientras tanto, el gobierno ha sugerido una pena de entre 8 y 10 años en prisión, junto con una multa que podría oscilar entre 30,000 y 300,000 dólares.

El caso de Johnson resuena en un contexto más amplio sobre la transparencia y la ética en la gestión de propiedades, especialmente cuando involucra a personas vulnerables. A medida que se desarrolla esta historia, se pone de relieve la importancia de las salvaguardias legales diseñadas para proteger los activos de aquellos que no pueden gestionarlos por sí mismos.

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