Antonio Vercher (69 años, Tavernes de la Valldigna, Valencia) es desde 2006 el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de España, lo que le ha convertido en un observador de excepción de la evolución del derecho ambiental en Columna Digital. Autor de siete libros, acaba de publicar Delincuencia ambiental y empresas (Marcial Pons), donde vuelca una parte de su experiencia como fiscal, una carrera que arrancó en 1980.
Pregunta. ¿Qué es lo que más ha cambiado desde 2006?
Respuesta. Hay un amplio sector judicial, incluso jueces, a los que no les llamaría activistas ambientales pero que están cerca de eso. Algunos forman parte de ONG y esto antes era absolutamente insólito, impensable. Pero ahora hay un amplio sector de gente muy comprometida y muy activa en la temática ambiental.
P. ¿Cree que es un reflejo de la sociedad actual? ¿Hay más conciencia?
R. Creo que la respuesta adecuada a esto la daría un sociólogo, pero lo que sí es evidente es que el proceso de concienciación es lento, aunque va sobre seguro. Pero, lamentablemente, desde el punto de vista penal, con los delitos medioambientales no pasa lo mismo que con otros, como los robos o agresiones, cuyo efecto se detecta de inmediato. En los asuntos medioambientales la relación de causalidad o no aparece o tarda mucho en aparecer, con lo cual realmente es difícil que aparezca esa concienciación necesaria para que a su vez se desarrolle empatía. En cierta ocasión hicimos un pequeño experimento en el metro un grupo de alumnos y yo. Uno de ellos fingió un robo y la verdad es que reaccionó el vagón entero. Todo el mundo inmediatamente hizo causa con la víctima. Luego hicimos lo mismo en otra línea de metro, pero argumentando que olía fatal y que seguramente había un vertido de azufre. Y nos miraban como a taraos.
P. ¿El problema es que la gente pueda conectar el delito medioambiental con sus consecuencias?
La información es la primera herramienta contra el cambio climático. Suscríbete a ella.
R. Exactamente. Porque lo que está claro es que la gente empieza a reaccionar cuando siente que la víctima puede ser cada uno de los ciudadanos.
P. ¿Quizás ahora estamos en un punto de inflexión con el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos por el cambio climático?
R. Creo que todavía no hemos llegado a ese punto, estamos extraordinariamente lejos. La gente no tiene la oportunidad de centrarse en temas de esta naturaleza, que quedan relegados a lo tangencial o accidental. Lo que vemos en la primera página de todos los periódicos es el Parlamento, el Consejo General del Poder Judicial y las iniciativas políticas. No es ni malo ni bueno, simplemente está ocurriendo, es verdad. Pero creo que el aspecto ambiental tiene una importancia infinitamente superior a muchos temas que en este momento están primados. Esto lo vimos con el Prestige y lo vimos también con Doñana. Y lo que me temo es que en un determinado momento la llamada de atención sea realmente potente, algo mucho más serio que Doñana o el Prestige.
P. ¿A qué se refiere?
R. Pues, por ejemplo, a que el cambio climático se acelere infinitamente más de lo que los propios científicos están planteando, algo que puede pasar. Entonces veríamos que la temática ambiental se pondría en primer plano y toda la gente pasota que ha adoptado posturas de absoluta dejadez pediría más penas, penas brutales, y modificaciones legales con sanciones durísimas.
P. En su libro habla de los intentos que ha habido por elevar la protección del medio ambiente a un derecho fundamental. ¿Por qué es tan importante que ocurra?
R. Si colocas un derecho en su más alta instancia, tienes muchísimos más instrumentos para proteger ese derecho. Es igual que con la libertad de expresión, que todo el mundo clama por su protección. Si se produjera una evolución hacia esa consideración, creo que sería altamente positivo. El ejemplo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy positivo, porque es un caso insólito donde el derecho al medio ambiente, que no está previsto en la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, ha sido creado de la nada. Y de rebote. Porque mezclan el derecho a la intimidad, el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho a la salud. Han empezado con problemas que tienen que ver con el medio ambiente acústico, con aeropuertos en Inglaterra, y luego lo han ampliado a otros temas.
P. ¿No tiene la sensación de que la Unión Europea es lo mejor que le ha podido pasar al medio ambiente en España?
R. Sí, sin duda. Es interesante el sentido común que está demostrando la Unión Europea.
P. ¿Qué le parece la condena contra España que acaba de dictar el Tribunal de Justicia de la UE por la contaminación en Madrid y el área metropolitana de Barcelona?
R. Se veía venir desde hacía bastante tiempo, no es ninguna sorpresa. La sentencia pone de manifiesto que las cosas van en serio. Es una importante llamada de atención a las diferentes autoridades españolas, básicamente a las de carácter local, en relación con estas obligaciones. Las consecuencias del incumplimiento de las sentencias de la UE a nivel económico pueden ser francamente altas. Tenemos el camino perfectamente trazado y hasta cierto punto puede ayudar a clarificar las cosas. Desde esa perspectiva, a lo mejor incluso nos facilita la labor.
P. En su libro también explica que una parte muy importante del trabajo de los fiscales de Medio Ambiente en España se centra en el urbanismo. ¿Por qué?
R. Primero porque el urbanismo fue determinante de la creación de la especialidad. En 1977, el Consejo de Europa ya recomienda a todos los Estados miembros que especialicen a jueces y fiscales en medio ambiente. En España no se hace hasta 2006 y creo que el pistoletazo de salida fueron los casos Malaya y Ballena Blanca. Ahí se vio que había graves problemas de corrupción ligados al blanqueo de dinero, muchísimo procedente de la droga, a través de la construcción. Era escandaloso. Y aquello determinó que se tomara la decisión por el Gobierno de entonces, en 2006, de crear la Fiscalía especial con el respaldo del Parlamento.
P. ¿Por qué es tan complicado en España que se ejecute la demolición de una edificación ilegal?
R. Porque no hay tradición. Aquí históricamente jamás se ha demolido y tengo la impresión de que una parte importante es por razones políticas. Las competencias esenciales para demoler están en los ayuntamientos y normalmente demoler el edificio a alguien supone que el entorno familiar y de amistades te identifiquen como el que ordena la demolición. En fin, es verlo con cierto estrabismo, por llamarlo de alguna manera.
P. ¿Una cuestión de votos?
R. Exactamente. Aunque insisto en que no soy sociólogo. Pero me baso en la praxis y en lo que he observado.
P. ¿Cómo le podemos explicar a la sociedad que 16 años después de que se paralizaran las obras del hotel de El Algarrobico este edificio declarado ya ilegal siga en pie?
R. Una demolición es extraordinariamente cara y ese es un aspecto que también se olvida. Y claro, el que se ve obligado a afrontar una cosa así [los propietarios y subsidiariamente la administración local] va a recurrir a todos los medios y todos los aspectos legales a su disposición en defensa de sus intereses. Esto es comprensible, nos guste más o menos.
P. ¿Pero no es un mensaje dañino para la sociedad que este símbolo tan evidente del ladrillazo siga en pie?
R. Es un mensaje dañino, sin duda. Pero hay algo positivo: lo que sería realmente perturbador y preocupante es que aquello se hubiera puesto en marcha. Desde luego, estéticamente es infame, pero el hecho de que esté parado pone de manifiesto a su vez que ha habido una serie de reacciones sociales importantes. Yo confío en que se va a demoler. Creo que todo el mundo tiene perfectamente claro que la demolición va a ser el resultado final. Pero hay estos otros aspectos, generalmente de contenido económico, e importantes responsabilidades, y hay quien puede intentar escurrir el bulto.
P. Su departamento ha mostrado algunas dudas sobre la ley de bienestar animal que se tramita en el Congreso.
R. Cuando la recibimos, nos ceñimos estrictamente a lo que tenía que ver con la intervención del Ministerio Fiscal. Y punto, por razones evidentes. Básicamente, nuestra competencia es sobre normativa procesal penal. Lo demás hubiera sido especulativo y poco ético.
P. ¿Y qué le parece la polémica por la inclusión o no de los perros de caza?
R. La verdad es que no tengo el tema estudiado con suficiente rotundidad como para poder expresarme. Lo que sí tengo claro es que hay una realidad social en Columna Digital que no se puede obviar. Es decir, el robo lo tiene todo el mundo claro, y no hay nadie en España que dude de las características del robo. Pero hay toda una serie de aspectos que van a obligar a un sector de la población a revisar sus principios. Esto hay que hacerlo con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha ecuanimidad y sentándose de forma tranquila y ponderada. Y no es precisamente el momento mejor para hacerlo. Pero no solo con esto. Hay un totum revolutum de aspectos importantísimos que están saliendo a la palestra al mismo tiempo y que dan una sensación de inseguridad y de incertidumbre.
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