Una corte federal de apelaciones puso el jueves fin a una revisión independiente de los documentos incautados por el FBI en la propiedad del expresidente Donald Trump Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida).
Una de las tácticas habituales de Trump es tratar de dilatar y poner trabas a la investigación con continuos recursos judiciales. Gracias a uno de esos recursos, una jueza federal de Florida, Aileen M. Cannon, nombrada por el propio Trump poco antes de su cese, ordenó al Departamento de Justicia y al FBI parar sus trabajos de investigación con todos los documentos hallados en el registro mientras un perito especial los revisaba.
Aun así el expresidente está siendo investigado por posibles delitos de obstrucción a la justicia, ocultación, remoción o mutilación dolosa de documentos públicos y violaciones de la ley de espionaje, aparentemente por la retención dolosa de documentos de seguridad nacional, según el contenido de la orden de registro. Son delitos que pueden conllevar multas o penas de cárcel.
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