Ha habido prisa por hacer anuncios de una lluvia de medidas a corto y largo, o muy largo plazo. Las dos partes del Gobierno han enarbolado propuestas de amplísimo calado, fulminantemente desacreditadas por la oposición conservadora, sin aguardar a la lectura de los textos. De momento, hay poco que leer pero Unidas Podemos no ha querido quedarse atrás en la atribución de méritos al comprobar que los socialistas llevaban el altavoz.
Anunciar, comenzar y avanzar hasta donde se pueda. Esta es la tesis que sostiene la parte socialista del Ejecutivo que entorna los ojos cuando se pregunta por los pormenores que ofrecen sus socios de Unidas Podemos y que el PSOE no asume, o no todavía.
Negociaciones ha habido, muy intensas, hasta cerrar los Presupuestos Generales del Estado y presentar el pacto con un campanilleo moderado por parte del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Ahora, toca su desarrollo y, al tiempo, afrontar la regulación de las medidas sobre vivienda social, cheques para ayuda del alquiler a los jóvenes, y un bono para que los que alcancen la mayoría de edad el próximo año lo consuman en cultura. Hay mucho que negociar, casi todo. Ambas formaciones dan muestra de que la carrera entre ellos ha empezado aunque la meta se haya fijado para el fin de 2023.
Un amplísimo sector joven está desatendido, mientras que funcionarios y pensionistas ven satisfechas, si no todas, al menos, el mínimo básico de sus demandas, con subidas comprometidas para el año entrante. Esas mejoras suceden en un país con más de un 30% de desempleo, un paro que es incluso mayor en algunos tramos de edad. Esta explicación del Gobierno abunda en su intención de dirigirse a los jóvenes con señales de que, a no mucho, tardar empezará su tiempo.
Las medidas más controvertidas en las que no hay acuerdo entre las partes son las que se refieren al carácter universal de algunas propuestas. ¿Una ayuda a todos los jóvenes para acceder a la vivienda, al margen de su situación económica?. “Hay que estudiarlo”, responden en el ala socialista. Las obligaciones para que los tenedores de más de 10 viviendas ajusten los precios de sus alquileres también tendrán que definirse.
No vacilan en Unidas Podemos al afirmar que se dedicará el 30% de suelo para vivienda social, ya sea en áreas modestas o de máximo lujo. Los dirigentes del PSOE callan en ese punto, pero no otorgan. El acuerdo entre socios debe extenderse al resto de los grupos que sostienen el Gobierno. Ardua tarea tienen los negociadores de Pedro Sánchez para entenderse con sus compañeros de coalición, los de fuera de casa y, además, con las autonomías. La oposición rechaza las medidas o las líneas generales que se conocen de ayuda a la vivienda. Lo cierto es que todas las comunidades autónomas —PP, PSOE y nacionalistas— defienden medidas, la mayoría sin concretar, para paliar el grave problema del coste de la residencia. Al menos, hay material para ser contrastado con el del Gobierno central.
