La eutanasia agita una vez más el debate público en Colombia, un país que a pesar de su reglamentación de vanguardia aún aprende a convivir con el derecho a una muerte digna. En medio de una incipiente campaña electoral, esa vieja discusión se ha renovado por el caso de Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ella tenía todo listo para ser la primera persona en acceder a ese derecho en el país andino sin que su muerte fuera inminente, el pasado domingo, pero en el último minuto un comité médico canceló el procedimiento que ya le había autorizado.
La decisión generó indignación y desconcertó a la familia, que ya adelanta acciones legales para proteger sus derechos, pues la lucha de Sepúlveda se sustenta en una decisión de la Corte Constitucional, que amplió la eutanasia a pacientes no terminales desde julio. El Ministerio de Salud se escudó en que todavía no se conocía el fallo “en su integralidad”, que el alto tribunal publicó este lunes. La Corte exhorta una vez más al Congreso a que “avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho”. El debate jurídico es también político.
Cuando ya comienza el ambiente de campaña para las elecciones presidenciales de mayo –precedidas por las legislativas de marzo–, algunos candidatos se han posicionado en rechazo a lo ocurrido con Martha Sepúlveda. “Nadie, ni el Estado, ni la sociedad, tiene derecho a condenar a un ser humano a una vida de tortura, dolor y angustia”, manifestó Juan Manuel Galán, una de las cabezas del Nuevo Liberalismo que hace parte de la Coalición de la Esperanza que agrupa a varias fuerzas en el centro del espectro político. “La libertad suprema de vivir incluye esa misma libertad suprema de morir dignamente. Es un acto de respeto a la dignidad humana. Ni las religiones ni las burocracias deberían tener el poder de impedir decisiones libres en la plenitud de un libre albedrío consciente”, apuntó el exnegociador de paz Humberto de la Calle, también de la Coalición de la Esperanza.
Otro de los aspirantes ha estado estrechamente vinculado a ese debate. “La muerte digna hace parte de la vida digna”, trinó Alejandro Gaviria, una frase que suele usar y hace eco de la recordada ponencia del magistrado Carlos Gaviria, que ha calificado como “un manifiesto liberal”. Después acompañó su mensaje con el video de un conversatorio sobre “el derecho a la muerte” de comienzos del 2018, cuando todavía era ministro de Salud. Tanto desde la cartera como desde la academia, el exrector de la Universidad de los Andes ha sido un defensor a ultranza de ese derecho.
En su gestión estableció las reglas de juego para los casos de los menores de edad y facilitó los requisitos para presentar la voluntad anticipada –uno de los primeros pasos–.
El silencio de Gustavo Petro, el candidato de izquierdas que lidera todas las encuestas, ha sido llamativo. Ese tipo de antecedentes le han permitido a Gaviria, un economista ateo que de momento ha optado por una candidatura independiente, asegurar que en realidad él es más progresista que Petro, e incluso ha sugerido que su rival electoral se opone al aborto. En una campaña que podría estar marcada por los temas que provocan choques de valores, Petro, que encabeza su propia coalición, el Pacto Histórico, que ha tenido acercamientos con iglesias cristianas, de momento ha optado por no posicionarse en el reavivado debate sobre la eutanasia.
Ha sido un largo camino. En Colombia, un estado laico pero con una marcada tradición católica, la eutanasia se legalizó desde hace más de 20 años, pero solo se reglamentó para los adultos desde 2015. Aunque muchos ven allí un triunfo de la empatía y la compasión, los sucesivos avances normativos se han topado con el rechazo de los sectores más religiosos y conservadores. Esas fuerzas suelen congregarse en torno al Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, con un amplio historial de enfrentamientos con las altas cortes. “El valor de la vida debe estar por encima de las decisiones judiciales”, expresó la senadora María del Rosario Guerra en uno de los pocos pronunciamientos desde el uribismo.
En esa historia de cambio social, el Constitucional despenalizó en 1997 la muerte asistida, con una sentencia considerada una elocuente defensa de las libertades individuales. “El derecho a vivir en forma digna implica también el derecho a morir dignamente”, reza la ponencia del magistrado Carlos Gaviria.
“Nada tan cruel como obligar a una persona a sobrevivir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas”, argumentaba el fallecido jurista, que después fue candidato presidencial de izquierdas.
Ese hito se quedó en el papel por más de una década hasta que, ante la inacción legislativa, un nuevo fallo obligó al Ministerio de Salud a reglamentar la eutanasia en el 2015. La historia de Martha Sepúlveda ha recordado lo ocurrido con la primera eutanasia en Colombia, la de Ovidio González Correa, un zapatero de 79 años al que un agresivo cáncer en la boca estaba dejando sin rostro. El entonces procurador, Alejandro Órdoñez, hoy embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) del Gobierno de Iván Duque, intentó a toda costa evitar ese hito. También en su caso, un comité médico detuvo el procedimiento sobre la hora, lo que aplazó varios días el último adiós de don Ovidio.
Como ha ocurrido con otras libertades individuales, la eutanasia ha avanzado gracias al impulso de la Corte Constitucional, que surgió de la carta política de 1991. La muerte digna ha llegado en múltiples ocasiones al alto tribunal, que en cada una de sus sentencias le ha pedido al Congreso legislar sobre el tema. Y los congresistas, como lo han hecho también con otras discusiones que provocan choques de valores, como el aborto o los derechos de las parejas del mismo sexo para casarse o adoptar, han tendido a esquivar la discusión.
