Recientemente, en una reunión de comisiones, diputados en México aprobaron aumentar las sanciones por “injurias” al Presidente de la República. La iniciativa, propuesta por el partido en el poder, busca establecer penas más severas para aquellos que realicen actos que puedan ser considerados como una falta de respeto hacia la figura del Presidente.
La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley sobre Delitos de Imprenta para aumentar la sanción por injurias al Presidente de la República hasta en 4 mil 149 pesos, es decir, 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Con 20 votos a favor y nueve en contra, la mayoría de Morena aprobó la modificación del artículo 33 de la citada Ley, referente a los ataques al orden o a la paz pública, para aumentar el monto de las sanciones por injuriar al presidente: pasa de una multa que oscilaba de los 100 a los mil pesos a una que va de cinco UMAS (518.7 pesos) a 40 UMAs (4 mil 149 pesos).
De acuerdo con la iniciativa, las sanciones incluirían multas y prisión para quienes incurran en injurias al Presidente. La medida ha generado preocupación entre algunos sectores de la sociedad, quienes consideran que podría limitar la libertad de expresión y coartar la crítica hacia el gobierno.
La propuesta ha sido criticada por algunos grupos de la oposición, quienes argumentan que esta medida busca acallar las voces críticas y limitar el derecho a la libre expresión en el país. Además, se ha señalado que esta iniciativa podría ir en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
Es importante recordar que en un sistema democrático es fundamental garantizar la libertad de expresión y la posibilidad de cuestionar y criticar al gobierno, incluso al más alto nivel. Las sanciones por injurias al Presidente deberían ser proporcionales y no limitar el derecho a la libre expresión.
En conclusión, la aprobación de esta iniciativa por las comisiones debe ser analizada con detenimiento y considerando los efectos que podría tener en la libertad de expresión en México. Es importante buscar un equilibrio entre la protección de la figura del Presidente y el respeto a la libertad de expresión de los ciudadanos.
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