El presidente catalán, Pere Aragonès, ha decidido activar el botón verde y gobernar con el solitario apoyo de sus 33 diputados frente a los 135 del hemiciclo aplicando una geometría variable extrema. Sus antiguos socios de Junts han apostado por ejercer una oposición férrea y todo parece indicar que la única opción que le queda a Esquerra para sobrevivir en el Parlament es la de pactar los presupuestos con el PSC (33) y de cola con En Comú Podem (8). Las tres fuerzas suman una amplia mayoría absoluta de 74 escaños. O es ese escenario o la legislatura, como apuntan las dos fuerzas de izquierda, tendrá un recorrido más que incierto con unas cuentas públicas prorrogadas. El president y Salvador Illa, líder socialista, mantendrán dentro de una semana un primer encuentro para tantear esta nueva etapa tras la crisis y salida de Junts del Govern. Lo harán pese a las enormes reticencias expresadas por el mismo presidente de ERC, Oriol Junqueras, que hace apenas una semana cerraba la puerta a acuerdos con los socialistas.
El entendimiento o no entre las dos fuerzas en Cataluña tendrá influencia también en lo que pase en el Congreso de los Diputados por más que, al menos públicamente, ambas fuerzas intentan separar los dos escenarios. De momento, Aragonès comparecerá el miércoles en el Parlament para dar cuenta de la remodelación de su ejecutivo y del fichaje de tres consejeros procedentes de mundos que rasgan las costuras de ERC: Quim Nadal (ex PSC); Carles Campuzano (ex CDC) y Gemma Ubasart (ex Podem). Previsiblemente, esa comparecencia será un retrato de la nueva realidad de la cámara al tener Aragonès ante sí a siete grupos de la oposición: sus exsocios acusándoles de haber abandonado la vía independentista (Junts y CUP); la bancada de la derecha (Vox, PP y Ciudadanos) y el bloque de la izquierda (PSC y comunes). El mismo Aragonès admitió este jueves, en una entrevista a TV3, que no piensa someterse a una cuestión de confianza como le reclama Junts porque no la superaría y abocaría a Cataluña a hacer elecciones y a otro probable periodo de inestabilidad.
Con ese escenario, los socialistas están estupefactos y perplejos por el hecho de que el president no haya aceptado entablar ya una negociación presupuestaria en una situación de extrema urgencia social. De hecho, Aragonès ha llegado a relativizar una eventual prórroga presupuestaria, lo que complicaría dar salida a los 3.098 millones de inversión extra de los que dispone su gobierno. Tras la ruptura con Junts, Oriol Junqueras, presidente de ERC, afirmó que su partido no podía llegar a acuerdos con los socialistas porque no han hecho lo suficiente para acabar con la “represión”. Aragonès no ha cerrado, sin embargo, del todo la puerta. Illa avisa que tampoco le ha dicho que sí y le reclama claridad. “Hay confusión y pocas ideas claras”, insistió este viernes en declaraciones a Rac1.
La negociación de los Presupuestos Generales entre ERC y el Parlament sobrevuela en el Parlament aunque el PSC rechaza cualquier intercambio de apoyos. “Nunca me ha gustado jugar al cambio de cromos”, ha afirmado Illa. La realidad es que el PSC nunca ha apoyado las cuentas de Aragonès porque este no quería ser prisionero de la negociación en Madrid. El escenario ahora ha cambiado y pase lo que pase, nadie duda de que la aprobación o no de los presupuestos será la prueba de algodón para saber la duración de la legislatura. Los dos dirigentes mantendrán a final de la próxima semana una primera reunión, que concertaron el jueves en una breve conversación de apenas —reveló Illa— dos minutos. La expectativa del encuentro pasa básicamente porque Aragonès explique si “acepta o no” la oferta de los socialistas, recalcó la portavoz socialista Alícia Romero. Pese a que son cruciales para aprobar las cuentas, Aragonès los ha situado como última opción para negociar tras Junts (que ya ha dicho que no) y comunes y CUP. Con todo, Campuzano ya ha afirmado que el Govern deberá valorar “otros escenarios” (en alusión al PSC) si Junts le da un portazo.
El PSC se ha reunido con las patronales Foment y PIMEC, con CC OO y UGE y el Tercer Sector y un sinfín de entidades para escuchar sus peticiones en los futuros presupuestos. “Lo importante son los problemas de las familias y de las empresas. Nadie nos habla de represión”, sostuvo este viernes en el Parlament Romero, que invitó al Govern a aprobar el proyecto de cuentas del exconsejero Jaume Giró (Junts) para poderlos presentar en tiempo. Su objetivo sería que el Ejecutivo aceptara su plan de choque en ayudas, que se eleva a 800 millones, y que fue abordado en lo que denominan su Govern alternativo. La suma dobla los 300 millones de escudo social que planteó Aragonès en el debate de Política General.
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