El presidente argentino, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Martín Guzmán, han realizado esta semana una rápida gira por Lisboa, Madrid, París y Roma. Han obtenido palabras de apoyo por parte de los gobiernos y todavía del Fondo Monetario Internacional y el Club de París, las instituciones acreedoras con las que necesita urgentemente renegociar sus deudas. Pero un posible acuerdo parece cada vez más lejano: las profundas divisiones internas en el gobierno de Buenos Aires impiden presentar una propuesta concreta. La inflación, entretanto, sigue desbocada.
El trabajo del ministro Guzmán se asemeja al de Sísifo en la mitología griega: empuja cuesta arriba la piedra del saneamiento económico y, antes de llegar a la cima, ve cómo la piedra vuelve a rodar ladera abajo. El mismo día en que se reunió en Roma con altos funcionarios del FMI, y unas horas antes de que Alberto Fernández y la directora de la institución, Kristalina Giorgieva, hablaran cara a cara por primera vez, la mayoría kirchnerista en el Senado aprobó una resolución que desautorizaba un factor esencial en la estrategia de Guzmán para renegociar la deuda.
El ministro de Economía decidió utilizar los 4.350 millones de dólares que Argentina recibirá este año del FMI, por la ampliación de capital del organismo, a seguir pagando cuotas de la deuda y evitar el “default”. En 2021, a Argentina le corresponde devolver 3.800 millones de dólares en capital y 1.300 millones en intereses. Guzmán quiere demostrar que el gobierno argentino respeta sus compromisos. Pero el Senado, dirigido por la vicepresidenta y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, apuesta por otra táctica. El jueves aprobó una resolución no vinculante en la que se exige al gobierno que destine los 4.350 millones a “paliar la pandemia”, no a pagar deuda.
Los portavoces de la vicepresidenta aseguran que la resolución no va dirigida al Gobierno, al que dicen respaldar, sino al FMI. Nadie lo ha interpretado así, ni en el Fondo ni en los mercados financieros: pese al fuerte aumento en el precio de la soja, la principal exportación argentina, que ha superado los 600 dólares por tonelada y promete elevar sustancialmente los ingresos de dólares en las arcas públicas, el riesgo-país sigue subiendo y supera ya los 1.600 puntos. Eso significa que los compradores de bonos argentinos exigen unos intereses 16 puntos por encima de los que rigen en Estados Unidos, para compensar el alto peligro de impago. Ahora mismo, Argentina paga intereses de casi el 20% por sus bonos bajo legislación extranjera.
El encuentro entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva en Roma duró casi dos horas y fue definido como “positivo”. La directora de la institución multilateral explicó que los dos se habían comprometido a “seguir trabajando juntos en un programa respaldado por el FMI que puede ayudar a Argentina”. La palabra esencia en la frase es “programa”. Ese programa, de momento, no existe porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus fieles se niegan a aceptar un acuerdo, con sus inevitables condiciones de ajuste fiscal y control por parte de los inspectores del Fondo (los llamados “hombres de negro”), antiguamente de las elecciones parlamentarias previstas para noviembre.
Las diferencias entre lo que Guzmán y Cristina Fernández de Kirchner quieren conseguir del FMI son profundas. El ministro aspira a que se rebajen los intereses de la deuda (ahora del 3%) y a que el plazo de repago se amplíe de tres a diez años. La vicepresidenta cree que diez primaveras son pocos y exige más, hasta 20, lo que requeriría cambiar los estatutos del FMI previo acuerdo de todos sus socios: algo prácticamente imposible.
El kirchnerismo quiere despejar la deuda con destino a un futuro lejano y ganar votos con gasto en las elecciones de noviembre. Semanas detrás, el bando de la vicepresidenta desautorizó a Guzmán (y de rebote al presidente) impidiendo el cese del subsecretario de Energía, el kirchnerista Federico Basualdo, a quien el ministro quería echar por negarse a compendiar las subvenciones en las tarifas de gas y electricidad. Los peones de la vicepresidenta, como Axel Kicillof, ex ministro de Economía y actual gobernador provincial de Buenos Aires, quieren mantener las subvenciones e incluso aumentarlas en las zonas más pobres. A ese gasto público se añadió esta semana la creación de un fondo extraordinario de 180.000 millones de pesos (casi 1.800 millones de dólares al cambio oficial) destinado a combatir los daños causados por la pandemia en la población más vulnerable. Casi el 45% de los argentinos viven en la pobreza.
INFLACIÓN
Guzmán solo puede sufragar esos gastos emitiendo bonos de interés elevado (el mencionado 20%), imprimiendo papel moneda y alejando el objetivo de disminuir el déficit presupuestario. Todo ello contribuye a alimentar la inflación, que en abril subió el 4,1%. En los cuatro primeros meses de 2021, los precios han aumentado el 17,6%, lo que hace imposible lograr el objetivo del 29% anual fijado en los presupuestos. Los analistas estiman que este año quedará en torno al 45%. La inflación encarece la vida y reduce los salarios reales. Se estima que el poder adquisitivo de los argentinos ha caído ya casi un 20% en lo que va de año.
En estos momentos, la máxima urgencia para el presidente Fernández y el ministro Guzmán consiste en obtener que se aplace el pago de su deuda con el Club de París. Son 2.400 millones de dólares y vencen a final de este mes. Un “default” con esa institución multilateral añadiría otra dificultad a la renegociación con el FMI. El presidente francés, Emmanuel Macron, con mucho peso en el Club de París, dijo respaldar a Argentina, pero le dejó claro a Fernández que para llegar a un acuerdo con dicha institución hacía falta un acuerdo previo con el FMI. La única opción para el gobierno argentino parece consistir en que le permitan demorarlo todo hasta después de las elecciones. Y posteriormente ya se verá.
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