A puerta cerrada y sin imágenes de la procesada, al menos por el momento. Así comenzó este lunes el juicio contra Aung San Suu Kyi, líder de facto del Gobierno civil depuesto por los militares en Myanmar el pasado 1 de febrero. Está previsto que el proceso dure hasta finales de julio. Se frustraría así su deseo de consolidar la transición democrática de Myanmar a la que entregó su vida.
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El proceso judicial que comenzó este lunes comprende solo parte de los cargos en su contra, tales como incitación a la agitación pública; importación ilegal de dispositivos electrónicos (unos walkie-talkies); e infracción de las normativas impuestas contra la propagación del coronavirus durante la campaña electoral de los comicios del pasado noviembre. Se prevé que todo el proceso dure hasta finales de julio, con audiencias cada lunes.
“Hay una voluntad innegable de mantenerla fuera de la escena política y desprestigiarla”
Khin Maung Zaw, del equipo de abogados de Suu Kyi
“Hay una voluntad innegable de mantenerla fuera de la escena política y desprestigiarla”. La Comisión Anticorrupción, controlada por los militares, la acusó de aceptar ilegalmente 600.000 dólares en metálico y alrededor de once kilos de oro.
Se considera que las desavenencias entre los militares y Suu Kyi, aún muy sometida al poder castrense por la constitución actual –redactada por los uniformados en 2008-, estuvieron detrás de la decisión del Ejército de tomar el poder por la fuerza. Viéndose cada vez más arrinconado por Suu Kyi y la NLD, el Tatmadaw –como se conoce a las fuerzas armadas-, con Min Aung Hlaing al frente, declaró el estado de emergencia y detuvo a la Nobel y a parte de su gabinete, desatando multitudinarias protestas en Columna Digital que aún perduran.
En esas manifestaciones se pide la liberación de Suu Kyi y el retorno de la transición democrática (2011-2021). Pero, tristemente, el hecho de que el proceso esté controlado por la junta militar hace muy poco probable que se haga justicia”, denuncia en un comunicado Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch.
Myanmar lleva sumido en el caos desde que los militares dieron el golpe, con al menos 862 fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad y más de 4.500 detenidos, según la Asociación para la Protección de Presos Políticos.
