Han pasado apenas siete meses desde que el gobierno de Donald Trump identificara públicamente a los primeros mexicanos como narcoterroristas y, en un giro impresionante, el liderazgo de los Beltrán Leyva ha sido neutralizado—un miembro abatido y otro detenido. Este desarrollo se centra enPedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, quienes lideraron esta organización criminal. Su captura refleja el empeño del gobierno de Claudia Sheinbaum en satisfacer las demandas de su vecino del norte en la lucha contra el narcotráfico.
Recientemente, la presión de Estados Unidos sobre México ha aumentado, especialmente en el contexto de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela durante un fin de semana de operaciones. Pese a la crítica constante, ambos países han logrado un nivel de cooperación sin precedentes en cuanto a la seguridad. Este último golpe a los Beltrán Leyva, una de las facciones más históricas del Cártel de Sinaloa, se enmarca en ese esfuerzo conjunto.
El mes de diciembre ha iniciado con malas noticias para el Cártel de Sinaloa. La caída de Pedro Inzunza Coronel, conocido como El Pichón y abatido en un operativo de la Marina en Guasave, ha sido un duro golpe para la estructura del cártel, intensificado por la reciente detención de su padre, Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario, en Culiacán. Ambos fueron señalados como narcoterroristas por el gobierno de Trump, que argumentó que juntos conducían una vasta red de producción de fentanilo a nivel global.
No es la primera vez que los Inzunza son objeto de interés por parte de las autoridades. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya los había sancionado en 2023 por tráfico de fentanilo, y en mayo, el fiscal Adam Gordon subrayó su relevancia en el tráfico de esta droga. Aunque el clan había sido desmantelado en parte tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009, continuaron operando en el tráfico de drogas, trasladando grandes cantidades de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.
El año pasado, las noticias reavivaron la atención sobre ellos con el decomiso del mayor alijo de fentanilo en la historia de México, donde más de 1,500 kilos fueron confiscados en propiedades vinculadas a la familia Inzunza. Este operativo fue significativo, marcando un punto de inflexión en la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch, quien asumió como nuevo secretario de Seguridad de México.
Con el telón de fondo del regreso de Trump a la Casa Blanca y las tensiones en la frontera, la administración de Sheinbaum ha optado por militarizar dicha zona, aumentando el número de efectivos en más de 10,000, lo que ha resultado en la detención de 39,000 personas en tan solo 14 meses. Estas acciones buscan no solo repeler posibles sanciones, sino también fortalecer la colaboración en temas de seguridad.
La presidenta ha defendido sus medidas, logrando el reconocimiento por parte de Marco Rubio, quien afirmó que el gobierno de México estaba haciendo más en su historia en cuanto a la seguridad. Esto resulta relevante, especialmente después de la reciente ofensiva de Estados Unidos contra Maduro, cuyo régimen también enfrenta acusaciones de narcoterrorismo.
Pese a las menciones de intervenciones militares por parte de Trump, Sheinbaum ha mantenido su postura de comunicación y entendimiento sobre seguridad. Según las estadísticas preliminares, 2025 ha cerrado con una disminución significativa en los homicidios dolosos, con 20,600 casos registrados, 6,000 menos que el año anterior.
Recientemente, se firmó un acuerdo de colaboración en seguridad entre ambos países, garantizando el respeto a la soberanía de México. El embajador estadounidense ha elogiado al gobierno de Sheinbaum por sus recientes éxitos, como el abatimiento de Pedro Inzunza Coronel, quien estaba acusado de múltiples delitos.
Por su parte, Pedro Inzunza Noriega, a sus 62 años y en silla de ruedas, enfrenta su extradición a Estados Unidos, donde se le atribuyen cargos graves que incluyen blanqueo de dinero y narcotrafico. Se convierte así en el primer mexicano en ser procesado por narcoterrorismo, con el riesgo de una condena de por vida si es hallado culpable.
Este panorama indica que la lucha entre las autoridades mexicanas y los carteles de droga sigue siendo feroz y que la cooperación internacional se hace cada vez más crucial en los tiempos actuales.
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